Presidente es popular, pero su Gobierno es impopular

¿Qué quedará?

Luis Rubio

Paso a paso, el proyecto de concentración del poder se encuentra ahora en su fase final con sus consiguientes riesgos económicos y la inevitable destrucción de la civilidad.
A muchos les parecerá excesiva esta afirmación, pero la historia demuestra que cuando el poder se concentra en una sola persona —y, peor aún, cuando se hace a través de la descalificación y la alienación— el resultado es un inexorable empobrecimiento del país y, inevitablemente, de los más pobres, los que dieron su voto por el Presidente que ahora los traiciona.
Comienza el ocaso de un Gobierno cuyo proyecto central fue la negación absoluta de la pluralidad que caracteriza al país. El Presidente ganó con poco más de la mitad de los votos de la población, un resultado excepcional ya que los votos comenzaron a contarse de manera impecable y profesional tras la creación del IFE (Instituto Federal Electoral) en 1996.
Cinco años después, la situación es diferente, como lo atestiguan los contrastes entre los posibles candidatos a sucederle. Ninguno de ellos lo representa plenamente y ninguno puede sacar el mismo porcentaje de votos que logró López Obrador en 2018.
La exclusión de la mitad de la ciudadanía, además de buena parte de quienes sin ser de Morena dieron su voto para él, ahora se presentan en forma de precandidaturas incompatibles.
El Presidente ha creado un mecanismo que apunta a evitar rupturas, mientras suma disímiles contingentes detrás de un candidato ganador.
Un objetivo difícil de alcanzar a pesar del rotundo éxito que ha tenido al controlar no sólo el debate público, sino especialmente la narrativa que se esconde detrás de su liderazgo y la lealtad que le otorgan sus bases.
El Presidente es popular, pero su Gobierno es impopular, y nadie sabe cómo se sumarán o colisionarán estos dos factores el día de las elecciones.
La población parece satisfecha con la mejora en sus ingresos reales y en el nivel de empleo, pero el país sigue rezagado desde que asumió el Gobierno. En el índice de desarrollo humano del PNUD, México perdió 12 puntos, equivalente a 10 años de avances anteriores.
Aquí tampoco es obvio cómo impactarán estos dos factores —la mejoría reciente o la pérdida absoluta— en la mente de los electores el día del voto en 2024.
La oportunidad para la oposición, si logra aliarse y armar un frente común, es más que evidente. En primer lugar, la pérdida de apoyo al Presidente es real: Morena perdió las elecciones intermedias. La oposición no controla la Cámara de Diputados porque no hizo un frente común en esa elección, pero eso podría y debería cambiar en 2024.
La velocidad con la que el oficialismo ha entrado en el proceso de postulación de su candidato no significa que una candidatura alternativa es imposible dentro de once meses, cuando se elegirá al nuevo Presidente.
La idea de que lo único que falta para que la comida esté lista es que Morena emita su veredicto en forma de candidatura es a todas luces falsa.
El ejercicio del poder desgasta a todos los gobiernos y más cuando hay tan poco que ofrecer en forma de resultados tangibles. Los proyectos clave del Gobierno siguen sin terminar y es dudoso que tengan impactos significativos en la vida de la población.
El carácter contencioso de la retórica presidencial da sus frutos, pero también es alienante, y la división resultante se traduce en fracturas que pueden llegar a ser tan trascendentales como los beneficios.
Cuando el Presidente se impone exigiendo al Congreso que “no cambie ni una coma” a sus proyectos legislativos, manda un mensaje a su base, pero pierde al resto de la ciudadanía.
No toda la población es idéntica, sumisa o dócil, y no es nada improbable que, como ilustró la votación de 2021, el Presidente haya perdido la mayoría con la que ganó hace cinco años.
El ataque contra la institucionalidad, los partidos de oposición y las instituciones emblemáticas de la transición política emprendidas a partir de los años 90’s, en especial entidades como la Corte Suprema de Justicia, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional para la Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales (INAI), ha sido implacable.
El objetivo de someter y subordinar al pueblo ha sido expreso y manifiesto. Pero no ha tenido éxito. La pregunta relevante, a menos de un año del día de la elección presidencial, es si el actual Gobierno terminará dejando un país mejor que el que encontró.
Los datos duros dicen que no; la narrativa que cuestiona los datos dice que el país tiene un sistema de salud como el de Dinamarca, que la inseguridad está disminuyendo y que la corrupción ha desaparecido. ¿Quién ganará: la realidad o la ilusión? Otro imponderable.
La realidad es abrumadora y más cuando, a pesar de las percepciones, no existe ningún proyecto susceptible de dar mejores resultados.
Malcolm X, un activista de derechos humanos, escribió que “no debes ser tan ciego en el patriotismo que no puedas enfrentar la realidad. Lo malo es malo, no importa lo que diga o haga”.
La ciudadanía tendrá en sus manos la oportunidad, y la responsabilidad, de decidir qué gana: la realidad o la percepción pasajera. El problema no es el Gobierno, siempre temporal, sino el impacto en la población, siempre permanente.
Hoy todo parece claro, pero quedan muchos meses. El primer ministro británico, Harold Wilson, dijo que una semana es toda una vida en política. Once meses es una eternidad.
@lrubiof