Alfonso Pérez Daza
Existen varios elementos que identifican la renovación del poder en Estados Unidos de América y en México. Como no sucedía desde hace doce años, en esta ocasión las elecciones presidenciales de ambos países se celebrarán el mismo año. Nuestra jornada electoral se realizará el 2 de junio, mientras que la de ellos el 5 de noviembre, ambas del 2024.
Pero más allá del calendario electoral, destaca también que aunque los procesos electorales comienzan el próximo año, según las legislaciones correspondientes, lo cierto es que la contienda ya comenzó materialmente desde ahora en ambas naciones.
En Estados Unidos, por el momento encabezan las preferencias ciudadanas el presidente Joe Biden, quien buscará la reelección, y el expresidente Donald Trump. Pero falta más de un año para las votaciones y muchos factores siguen en juego. Uno de ellos es que el millonario expresidente Trump, de 77 años de edad, fue acusado penalmente en una Corte Federal por poner en riesgo la seguridad nacional.
El juicio aún no comienza y no se sabe realmente qué impacto político puede tener en sus aspiraciones o qué consecuencias jurídicas podría enfrentar durante el proceso electoral.
En las encuestas más recientes levantadas entre los simpatizantes del Partido Republicano, después de Donald Trump le sigue en preferencias el gobernador de Florida, Ron DeSantis. El controvertido gobernador provocó recientemente una declaración del Presidente de México como respuesta a las propuestas antimigrantes que, desde ahora, se visualizan como el eje de su campaña proselitista.
Además de señalar que México está en contra de la reforma migratoria que impulsa DeSantis, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó activamente a no votar por este personaje: “ni un voto a DeSantis; el que no quiere a su patria no quiere a su madre, ni un voto a quienes desprecian a los migrantes”. En este escenario, parece que no será el único enfrentamiento político que se dará durante las batallas por la Presidencia en ambas naciones.
Además de la coyuntura política y los problemas bilaterales en común, el más importante de los elementos que compartimos son nuestros regímenes constitucionales. Se trata de sistemas de gobierno democráticos donde la renovación del Poder Ejecutivo se realiza periódicamente con la participación de los ciudadanos, quienes salen a votar en un proceso electoral por el candidato de su preferencia.
Un régimen en donde los poderes Legislativo y Judicial, además de sus facultades específicas, juegan un papel de contrapeso en el ejercicio del poder público y en donde la Constitución se defiende como norma suprema de la República.
Justamente, los célebres autores del El Federalista señalaban que en la base de cualquier gobierno constitucional yacía la “distribución ordenada del poder en distintos departamentos, la introducción de un sistema de frenos y contrapesos legislativos, la institución de tribunales integrados por jueces que conservarán su cargo mientras observen buena conducta y la representación del pueblo en la legislatura por medio de diputados de su elección”. Nuestra tradición constitucionalista, plasmada por ejemplo en los Sentimientos de la Nación coincide plenamente con este postulado.
Si bien se trata de dos naciones soberanas e independientes, nuestro diseño institucional y aspiraciones democráticas son muy similares. Será muy interesante observar cómo los intereses políticos, económicos y sociales que existen al compartir una frontera harán que los dos procesos electorales se crucen en más de una ocasión y, al parecer, con pronósticos reservados.
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