Defienden curules y que no renunciarán

Coinciden diputados en que se debe realizar reforma para corregir vigencia

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Después de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado alertó sobre un posible empalme de las Legislaturas 65 y 66 que podría presentarse en agosto de 2024, los coordinadores de las bancadas de Morena, PAN, PRI y PRD en la Cámara Baja defendieron los derechos adquiridos por los legisladores en funciones y señalaron que el cargo para el que fueron elegidos es irrenunciable.
Por lo que, en entrevistas, coincidieron en que se debe realizar una reforma para corregir la vigencia del tercer año de ejercicio de la Legislatura, al 31 de agosto del próximo año, a diferencia de la propuesta del análisis jurídico de la Cámara Alta, que plantea que la 65 Legislatura termine el 31 de julio, un mes antes; no obstante, aún no deciden si debe ser una modificación constitucional o legal.
El presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dijo que el tema se debe resolver con una reforma legal para establecer el término de la actual Legislatura el 31 de agosto de 2024, porque la modificación constitucional no puede ser retroactiva.
“Se tiene que atender a través de una reforma legal, no constitucional. Tiene que ver con el inicio de funciones de la próxima Legislatura, en las dos cámaras, porque constitucionalmente nosotros concluimos nuestro periodo constitucional el 31 de agosto, así fuimos electos, no puede haber retroactividad. Entonces, tiene que ser a partir de la integración de la nueva Legislatura, la instalación del nuevo Congreso”, explicó.
El líder del PAN, Jorge Romero Herrera, coincidió en que la 65 Legislatura no puede cortar su periodo un mes antes, porque los diputados en funciones tienen “derechos adquiridos”.
“Déjame ponerte el comparativo con el Poder Ejecutivo. En esa misma reforma se señala que el Presidente ya no entra el uno de diciembre, sino el uno de octubre, entonces en 2014 que se dio la reforma, Enrique Peña Nieto era el presidente, pero en 2018 Andrés Manuel López Obrador empezó el uno de diciembre, esto ocurrió porque Peña Nieto ya tenía un derecho adquirido, o sea, el que perdió un mes fue Andrés Manuel, y con esa misma lógica, por analogía y por precedente, lo mismo aplica para esta Cámara”, refirió el panista.
El coordinador del PRI, Rubén Moreira, recordó que antes de que concluyera el anterior periodo presentó una reforma constitucional en la materia, a fin de resolver lo que denominó “una norma imperfecta” y “un error”.
Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD, expuso que se debe reformar la Constitución, porque un acuerdo político puede ser impugnado y tomar en cuenta que los representantes que integran la Legislatura actual no pueden renunciar a su cargo.
Finalmente, el vicecoordinador de la bancada del PAN, Jorge Triana, señaló que podría haber una crisis con el empalme de congresos, sólo si un grupo parlamentario se inconformara porque se les aplicara la reforma constitucional de manera retroactiva.

Congreso camina a un conflicto

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Constitucionalistas y expertos advirtieron que el Congreso de la Unión está en camino a un grave conflicto legal por el empalme de las legislaturas 65 y 66, que coincidirían en funciones durante agosto de 2024, situación que tiene que resolverse con un adendum a un artículo transitorio de la reforma de 2014 para que los nuevos legisladores entren hasta el uno de septiembre, como ha sido hasta ahora.
Francisco Burgoa Perea, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, afirmó que “indudablemente” hay un vacío legal que se pudo evitar si el INE hubiera establecido en forma clara en las constancias entregadas a los legisladores electos en la presente 65 Legislatura que sus funciones concluyen el 31 de julio y no el 31 de agosto, como era en las anteriores.
Bernardino Esparza, catedrático de la Facultad de Derecho de La Salle, dijo que la situación de empalme entre las dos legislaturas se deriva de “legislar al vapor o sobre las rodillas” temas muy importantes como la gran reforma electoral de 2024, donde no se analizó que un artículo transitorio podría derivar en una crisis constitucional y de gobernabilidad en el Legislativo.