Vecinos desalojados llevan 15 días exigiendo justicia

Gobierno de Morena humilla a pobres para servir a ricos, acusan

A 15 días de haber sido desalojados violentamente, por orden de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, los habitantes de la comunidad de San Eduardo permanecen en plantón en Palacio de Gobierno para exigir justicia y poder regresar a sus casas.
Lamentaron que el Gobierno de Morena humille a los pobres para servir a los ricos, y señalaron que se mantienen en lucha, porque la gobernadora es una mentirosa y pretende adueñarse del predio, que comprende 150 hectáreas, mediante trampas legales, corrupción y falsedades.
“Desde hace más de siete años que llegamos a esos terrenos, no había luz ni agua. Hicimos caminos con nuestras manos, pagamos maquinaria para sacar piedras y nivelar las calles. No están pavimentadas, porque estamos en vías de regularización luego de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) nos entregara los títulos de propiedad”, recordó don Esteban Calán Ehúan.
Pero Layda Sansores prefirió sacar con su capricho a la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), a fin de que no le estorbemos en el corralón que está construyendo a un costado de nuestras casas, reclamó.
Los manifestantes lamentaron que llevan casi dos semanas plantados en el Palacio de Gobierno, pasando hambre, lluvias, calor, frío, y hasta ahora la gobernadora no los ha escuchado, porque su prioridad es la corrupción y decir mentiras en su programa del “Martes del Jaguar”.
“Pero cuando estaba en campaña, nos abrazaba, nunca imaginamos que no tuviera corazón para dejar a nuestros hijos sin techo ni patrimonio. Hasta nos prometió casas, y que con ella las cosas cambiarían, pero resultó más corrupta y mentirosa. Nos alegramos cuando ganó, incluso estuvimos apoyándola para que no le quitarán el triunfo. Hoy nos arrepentimos de eso”, expuso Alberto Vázquez Bautista.
Y acusaron que Sansores San Román planeó robarles el predio de la comunidad de San Eduardo para que se lo regale a Marcela Muñoz. Apenas asumió el poder, le dio escritura a Rafael Castilla Azar para que la Fiscalía General del Estado (FGE) tuviera elementos para sacarlos, y pudiera acusarlos del delito de despojo como recurso intimidatorio.