Privatizar transporte afecta 15 mil familias

Incongruente la gobernadora Layda Sansores al ceder el sector a un monopolio

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusó al Gobierno de Layda Elena Sansores San Román de privatizar el transporte público en el Estado con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, al ceder al monopolio Grupo ADO la concesión del servicio, en tanto los diputados Ricardo Miguel Medina Farfán, del PRI, y Paul Alfredo Arce Ontiveros, de MOCI, sostuvieron que no se puede hablar de modernizar al sector si no le destinan recursos públicos.

El dirigente estatal del PRD, José Segovia Cruz, acusó a Sansores San Román de incongruente, ya que ha criticado toda su vida las privatizaciones, y ahora recurre a lo mismo en perjuicio de más de 15 mil familias.

Coincidió en que la ciudadanía merece servicio digno, unidades nuevas, tarifas justas y que se cubran sus necesidades de movilidad, pero no atentando en contra del patrimonio de muchas familias, que por años han vivido de la actividad.

Condenó que el actual Gobierno de Morena haya abandonado a los transportistas urbanos, colectivos y taxistas, pese a que muchos apenas van saliendo de la crisis por la pandemia del Covid-19, además de que los ajustes a las tarifas han sido irrisorios, lo que aunado al alza del diésel, no es retribuible ni les permite mejorar y ofrecer el servicio que merecemos.

La gobernadora puede apoyar al sector con programas o proyectos, pero se niega, porque ve más fácil crear la Ley de Movilidad, que lejos de ayudar a los transportistas los perjudicará, y condenó que antes de aprobarla en comisiones debió realizarse el parlamento abierto, para escuchar todas las voces, incluyendo a la ciudadanía.

Pareciera que sólo busca beneficiar al monopolio Grupo ADO, haciendo a un lado a los concesionarios locales, por lo que exigimos a las y los diputados de oposición no permitirlo. El Congreso está a tiempo de recular, abrir los foros y escuchar el sentir de las y los campechanos, indicó.

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso, diputado Ricardo Miguel Medina Farfán, coincidió en que para poder lograr una adecuada Ley de Transporte y que venga verdaderamente a resolver los problemas, se requiere de la participación de todos. Del gobierno, de los ciudadanos y de los transportistas.

Es menester escuchar a todas las personas y no únicamente imponer, como se está haciendo en este momento, un modelo de ley que ni siquiera está completo, que no resuelve los problemas fundamentales y que muy probablemente se irá ajustando para beneficiar a alguien en lo particular, advirtió.

De acuerdo a documentos de la Secretaría de Finanzas, el Gobierno del Estado no pretende invertir un solo peso en la mejora del transporte, y derivado de la Ley de Movilidad vendrán muchos compromisos, tanto para el Gobierno del Estado, pero principalmente para los Municipios, quienes tampoco fueron consultados y tendrán que crear infraestructura de banquetas, calles, avenidas, puentes, pasos a desnivel y paradores para la espera de los camiones, pero no cuentan con dinero para concretarlo.

La Secretaría de Finanzas, en un documento, dejó en claro que no invertirá un solo peso en el transporte. Y en otro, se señala que el Instituto Estatal del Transporte (IET) desaparecerá, y que en su lugar se creará una oficina que dependerá directamente de la Secretaría de Gobierno.

El transporte requiere gente profesional, técnica, conocedora, preparada, que no le dé un sentido político a las decisiones, y pareciera que eso es lo que no se quiere hacer, pues al eliminar el IET, lo que se está buscando es llevárselo a la burocracia centralizada, que dependa de una oficina y deje de tener la relevancia e importancia que por ahora puede tener.

El legislador mocista Paul Alfredo Arce Ontiveros coincidió en que esta nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial no tiene reglas claras ni busca mejorar el transporte en el Estado. Lo lamentable es que no tendrá presupuesto público, y así será difícil que la ciudadanía pueda realmente beneficiarse de una ley, que parece que busca beneficiar exclusivamente al consorcio ADO.