En los últimos 10 años se registraron tres mil 534 casos
CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— “J” salió del Jardín de Niños “Guadalupe Borja de Díaz Ordaz” en Saltillo, Coahuila, sumido en llanto, envuelto en un intenso dolor. Al llegar a casa, su madre se dio cuenta de que el niño de tres años tenía heridas en el área rectal. Llevaba apenas 27 días como alumno de 1°. Más tarde, se sabría que “Cantos”, el maestro de música, y Servando “el que barre”, lo agredieron sexualmente en el kínder.
La historia de “J” refleja las omisiones de las distintas autoridades educativas. En la última década se registraron tres mil 534 casos similares. Aunque en la Ley General de Educación se establece la responsabilidad del personal de los colegios de denunciar los presuntos delitos ante la justicia, esto no siempre se cumple.
Para esta investigación se solicitó a las 32 secretarías de Educación del país las estadísticas y versiones públicas de las actas de hechos —formatos en los que se registran oficialmente las quejas— de estos delitos. Los datos tienen el vacío de Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, que se negaron a responder. Se creó una base de datos a nivel nacional que reúne los casos registrados de manera oficial entre 2012 y febrero de 2023, con lo que se pudo determinar que en México todos los días ocurre una agresión sexual cometida por personal de las escuelas en contra de los estudiantes de educación básica.
Entre 2012 y 2015 las distintas secretarías de Educación del país reportaron 596 casos en todo México, un promedio de 149 al año. Los registros en ese periodo son pocos, pues las mismas dependencias reconocen que no registraban la información ni daban seguimiento a estos casos. Sinaloa, por ejemplo, respondió: “Si bien se llegaron a acercar o presentar algún caso, no se creaban como tal expedientes”.
INCREMENTARON REGISTROS
A partir de 2017 se incrementó el número de registros oficiales hasta el punto de duplicar los casos anuales. La tendencia se mantuvo al alza hasta que llegó la pandemia por Covid-19 y aunque los niños y adolescentes dejaron las aulas para estudiar desde casa, las violencias desde las escuelas no cesaron, los registros son principalmente por acoso sexual del personal cometido de manera virtual contra los estudiantes, como pudo acreditarse con las actas de hechos de este periodo obtenidas para la investigación.
Una vez que la emergencia sanitaria bajó y los alumnos regresaron físicamente a las escuelas, la violencia sexual contra ellos arreció: en 2022 se registraron 574 quejas.
Las cifras oficiales de enero y febrero 2023 muestran un panorama poco alentador: hay 132 casos en sólo dos meses, es decir, todos los días dos niños y niñas son violentados sexualmente dentro de sus escuelas por algún miembro del personal educativo.
Se solicitó una entrevista sobre esta problemática a la Secretaría de Educación Pública (SEP) por ser la coordinadora de la enseñanza en el país, pero rechazó emitir un posicionamiento y pidió buscar a cada dependencia estatal.
Omisión tras omisión
Pero además, la justicia trabaja lento. Las carpetas de investigación no necesariamente se traducen en una sentencia. Normalmente la justicia en México es así: la probabilidad de que un delito se resuelva es de 0.9 por ciento, según estimaciones de Impunidad Cero, una organización de la sociedad civil que estudia, analiza y visibiliza el problema de la impunidad en México.
Coahuila es uno de los Estados que asegura tener pocas quejas contra su personal educativo. Afirma que en una década sólo ha recibido 54 y que en dos de cada 10 casos las víctimas fueron pequeños de preescolar. Los señalamientos en este Estado —y otros en el país— no suelen registrar el número de víctimas, por lo que un registro puede esconder múltiples víctimas y victimarios.
Este caso sigue los patrones detectados en la incidencia nacional. La información analizada permitió consolidar una muestra con el perfil de los victimarios. Se identificaron plenamente a 911 probables agresores: 90 por ciento son hombres. Resalta que, de esta muestra, 717 son docentes, 88 personal de limpieza y 33 directivos. El resto son personal administrativo, becarios y encargados de cooperativa, entre otros.
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