El comandante: Violencia criminal

Sergio Aguayo Quezada

Para gobernar a México se necesita estar dispuesto a entender y atender a las víctimas. Andrés Manuel López Obrador ni ha podido ni ha querido.
En septiembre de 2018 el entonces presidente electo se reunió, en un gigantesco salón de Tlatelolco, con las familias de los afectados por la violencia criminal. Nadie anticipaba los bramidos de dolor y rabia de una multitud sedienta de verdad y justicia. Ese día el Presidente demostró su incapacidad para mostrar empatía hacia los agraviados por la delincuencia y sus aliados en el Gobierno. Ese día —me cuentan— decidió cancelar esos encuentros. Indiferencia absurda porque en su sexenio ha habido 125 mil 671 homicidios, 34 mil 377 desaparecidos y se han creado 234 colectivas de buscadoras.
AMLO ignoró la dimensión de ese dolor, aunque atendió a los deudos de Ayotzinapa y la guerra sucia. Instituyó dos comisiones y ordenó la apertura de los archivos del Ejército, la Marina, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia. Distinguió al caso de Ayotzinapa 2014 e invitó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2014 a petición del gobierno mexicano.
Para atender la añeja problemática de los desaparecidos fortaleció a la Comisión Nacional de Búsqueda encabezada por Karla Quintana, una jurista joven pero comprometida. Finalmente, encomendó al experimentado Alejandro Encinas (subsecretario de Gobernación) conducir el ramillete de instituciones encargadas de atender a las víctimas.
Sería mezquino regatear elogios. Es notable la cantidad y calidad de información que han ido recuperando las instituciones antes mencionadas y los periodistas y académicos que las han acompañado. El esfuerzo colectivo ha hecho girones de los sudarios de silencio y exhibido el entramado de impunidad tejido por criminales y funcionarios. En 2022 empezó a enfriarse el entusiasmo gubernamental con la transparencia. Las comisiones de la Verdad y el GIEI detectaron un cambio en la actitud de las instituciones de seguridad. La entrega de legajos se hizo cada vez más lenta o se interrumpió.
Seguramente influyó que en septiembre de 2022 un grupo de hackers vulneró algunos servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional y abrió al escrutinio público millones de documentos sobre la manera como ha funcionado el ejército durante la última década. El periodismo de investigación, mexicano y extranjero,aprovechó el material para informar sobre presuntas corrupciones y abusos de poder de diferentes instituciones.
Otro golpe brutal lo asestó el New York Times. Ya sabíamos del espionaje federal a periodistas y activistas. El diario neoyorquino informó en mayo pasado que el Ejército también espiaba a Alejandro Encinas y su equipo, que respondieron con el silencio de los resignados a acatar la decisión presidencial de minimizar los abusos con tal de proteger a los militares y a la fiscalía.
La semana pasada el GIEI presentó su sexto y último informe. Son 322 páginas de un relato implacable y repleto de cifras y hechos que demuestran una y otra vez la ausencia en el gobierno de “voluntad política” para “entregar toda la información”. Al día siguiente se reunieron los integrantes de la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa con Alejandro Encinas y su equipo. Mientras presentaban un informe sobre su trabajo, los padres y madres protestaron porque estaban repitiendo lo ya sabido. Después de un intercambio de reproches, los deudos de Ayotzinapa se salieron y anunciaron que ya no hablarán con Encinas; solo lo harán con el presidente.También exigen que el Gabinete de Seguridad entregue la información escamoteada que detalla el GIEI en su último informe.
Ignoro el desenlace. Constato la determinación presidencial de proteger al gabinete. En una mañanera posterior al informe del GIEI un reportero pidió al general secretario una respuesta a los cuestionamientos. El presidente se interpuso, tomó el micrófono y miró a la cámara para recordar que él es “el comandante supremo”. Lo es, pero no le ha servido para cumplir con su palabra de entregar toda la información a los padres y madres de Ayotzinapa. Otro presidente que concede una amnistía de facto a la impunidad. Necesitamos que el próximo comandante o comandanta dé prioridad a todas las víctimas.

@sergioaguayo
Colaboró Jorge Araujo