Que aclaró 67% de homicidios, asegura el fiscal

Luego de que el diputado mocista Paul Alfredo Arce Ontiveros lo acusara de ser un “novelista cuentacuentos, que sólo se ha concentrado en los asesinatos políticos”, el fiscal Renato Sales Heredia aseguró que “se ha resuelto el 66 por ciento de los homicidios cometidos en 2023”, minimizó las declaraciones de Gerardo Sánchez Sansores contra el edil prófugo y se contradijo sobre el video filtrado de la audiencia del presunto homicida de Sergio Novelo.

Al comparecer ante los diputados que analizan el Segundo Informe, Sales Heredia presentó un video de cerca de siete minutos con el resumen de las acciones emprendidas.

Destacó el ejercicio de dos millones 441 mil 79 pesos para mejoramiento del edificio principal de la Fiscalía General, de la Vicefiscalía de Delitos Electorales, del Instituto de Formación Profesional, de Delitos de Alto Impacto, de la Agencia del Ministerio Público y de los destacamentos de Tenabo, Hecelchakán, Calkiní, Hopelchén, Champotón y Calakmul y de la Vicefiscalía General Regional de Ciudad del Carmen.

En preguntas y respuestas Sales Heredia fue cuestionado en reiteradas ocasiones por los diputados de oposición, por el incremento en la incidencia delictiva y sobre todo en homicidios dolosos.

El año pasado tuvimos 87 homicidios dolosos, este año suman 54, de los que están esclarecidos cerca del 67 por ciento. Es un índice de esclarecimiento de homicidios de los más altos en el país, aseguró.

Estamos dentro de los cinco Estados más seguros del país. En homicidios dolosos estamos en el cuarto lugar, y sin embargo reconoció el incremento de feminicidios y violencia familiar.

Sobre la difusión del video por parte de la gobernadora Layda Sansores, de la audiencia judicial de Samuel Cortés Gutiérrez, asesino confeso de Sergio Novelo, Sales Heredia se contradijo. Primero señaló que no violentaba el debido proceso, pero si afectaba el caso.

Luego, cuestionado por los representantes de los medios de comunicación independientes, insistió en que no violentaba el debido proceso, al ser pública la audiencia, y tampoco las investigaciones, aunque ya la defensa estaba solicitando audiencia para fijar postura en torno al video.