Pobladores de Isla Aguada acusaron al Gobierno de Layda Sansores San Román de manejar a su antojo el control de los ingresos del peaje.
La administración del Puente de la Unidad violó la ley al retirar el engomado del programa Residentes para el Municipio de Carmen, a las unidades propiedad de ciudadanos inscritos en el padrón de contribuyentes como personas físicas con alguna actividad.
Denunciaron lo anterior pobladores de Isla Aguada, y acusaron al Gobierno de Layda Sansores San Román de manejar a su antojo el control de los ingresos del peaje, al grado de afectar a ciudadanos carmelitas a quienes deberían exentar del pago por tener una tienda de abarrotes.
Martín Ramírez Barrera, excomisario municipal de Isla Aguada, denunció que los carmelitas son víctimas de un atropello y del manejo a su antojo de la administración de la caseta del Puente de La Unidad.
Si existe alguna otra disposición, tiene que ser avalada por el Poder Legislativo y no sólo por órdenes del secretario de Administración y Finanzas, Jezrael Isaac Larracilla Pérez, aseveró.
Durante una transmisión en vivo desde las inmediaciones de la caseta del puente ubicada en Isla Aguada, mencionó que muchas personas se han quejado del retiro del engomado, para lo cual la administración de la caseta se encargó de identificarlos, perseguirlos, detenerlos y retirarles el distinto, para que ahora paguen cuota.
Al parecer este ordenamiento carece de sustento legal, es decir, viola la ley, pues en el Periódico Oficial del Estado con fecha 16 de enero de 2020, en la página 96, está claro lo que el Ejecutivo, Legislativo y Judicial dispusieron respecto al programa Residentes Carmen.
Lo anterior, continuó, porque en el artículo XVIII sobre tarifas se establecieron requisitos en que afirma que se hacía la exención del peaje a las personas físicas, en beneficio de la economía local, pues se consideraba necesario.
“La administración quita el engomado a las personas físicas, pues las morales, como empresas, sociedades cooperativas como pasaje, no tienen ese derecho”.
“No se respeta el ordenamiento porque a Chuchita se le antojó. Se enteran que tiene frutería o panuchería, y por sus cojones van, los detienen y les quitan el engomado”.
“Ojalá les quede claro que hay alevosía y sobre todo violación a la ley, al reglamento y al periódico oficial del Estado, donde el Ejecutivo determinó que no se les debe de cobrar peaje a las personas físicas habitantes de Carmen que tienen algún tipo de vehículo”, refirió.
Ramírez Barrera mencionó que el actuar de la administración del puente es con dolo, alevosía, ventaja y desconocimiento de la ley, pues de lo contrario deberían de exhibir la más reciente publicación del Periódico Oficial del Estado, donde el Legislativo haya autorizado ese acto contra el pueblo inscrito en el programa Residentes Carmen.
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