La Iglesia acusa a la SCJN de fracturar el tejido social
“La despenalización del aborto provocado normaliza la cultura del descarte y deja sin responsabilidad a las autoridades y a la sociedad en su conjunto del cuidado y protección de toda vida humana, desgasta los cimientos del Estado de Derecho y distorsiona el concepto y la práctica de los derechos humanos, con lo cual se mina el bien común”, advirtió el vocero de la Diócesis de Campeche, Gerardo Casillas González.
Por ello, enfatizó, “nos oponemos a cualquier forma de violencia en contra de las mujeres, tanto de aquellas que se vean orilladas a acudir al aborto a causa del abandono y de la soledad bajo condiciones de omisión, presión o injusticia, y las más vulnerables, aquellas que se encuentran junto con los niños inocentes aún dentro del vientre de sus madres, manifestó.
Al citar el comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Casillas González lamentó que en estos momentos de violencia lacerante en el país, desde esta instancia suprema, que debería velar por la justicia, el derecho y la paz social, se contribuya a polarizar a la sociedad de infringir otras fracturas en el tejido social.
Aclaró que la sentencia de amparo no constituye una declaración general de invalidez de los artículos que prohíben el aborto en el Código Penal Federal, puesto que siguen vigentes para el resto de la población, ni representa una obligación para que los Congresos locales se precipiten a despenalizar el aborto en sus respectivos Códigos Penales.
La legalización del aborto provocado significa el reconocimiento de la impotencia estatal y de la sociedad civil organizada, ante las causas que llevan a las mujeres a considerar el aborto como una solución, sin atender aquello es el verdadero problema, sostuvo.
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