Expediente: 29 de octubre de 2023

¿Y QUIÉN LE DA TANTO DINERO A SESO LOCO?

En su pasado “Martes del Jaguar”, la gobernadora Layda Elena Sansores San Román despotricó una vez más contra la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, contra el exedil Eliseo Fernández Montúfar y en general contra el Partido Movimiento Ciudadano, a cuyos integrantes acusó de estar desviando recursos públicos para financiar sus campañas anticipadas.

Practicante consuetudinaria de aquél refrán bíblico de “ver la paja en el ojo ajeno, sin mirar la viga que tiene en el propio”, la senil mandataria proclive a la mentira sacó todo tipo de conclusiones respecto a las actividades de los mocistas, pero se olvidó del insultante derroche que todos los días comete su rehabilitado sobrino Gerardo Sánchez Sansores, alias “Seso Loco”, en su obsesiva pretensión de convertirse en el candidato de la coalición Morena-PT-PVEM al Senado de la República.
Pese a su coeficiente intelectual inferior a la media, y más bien tirando a turulato, Sánchez Sansores sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar una elección de mayoría en Campeche, y que lanzarlo como candidato al Senado sería cederle esa posición a un buen abanderado de la oposición mocista o de la coalición PRI-PRD-PAN.
De ahí la intención real de la gobernadora de frenar la hiperactividad de los aspirantes de Movimiento Ciudadano, y sobre todo, de impedir que implementen programas que beneficien a la colectividad. Ahí reside el quid de la cuestión. Pretende pavimentar el camino a las pretensiones del Seso Loco.
Ya usted sabe amable y dilecto(a) lector (a), que esa ley inmutable de la física no miente, de “que todo espacio vacío tiende a ocuparse”, por lo que ante la ausencia de resultados y de programas sociales del Gobierno laydista, las acciones de beneficio popular que realice MOCI o alguna otra agrupación, tendrán el respaldo y el agradecimiento ciudadano.
Pero vamos, se trata de dos temas diferentes, porque si Layda Sansores quiere saber de dónde sacan los mocistas dinero para implementar sus “becas naranjas”, el programa “mercadito naranja“ y el “bacheo naranja”, debió preguntar a la dirigencia estatal de ese partido, que cuenta con prerrogativas oficiales para ese tipo de actividades, y sus representantes populares —por ejemplo sus diputados— disponen de un fondo de gestión para beneficio de los habitantes de su distrito.
Y si el Instituto Electoral hubiera actuado con responsabilidad, rectitud y honestidad, habría solicitado esos informes a la dirigencia estatal de MOCI, en lugar de ordenar arbitrariamente que las acciones se suspendan, y que con ello se afecte a una buena cantidad de ciudadanos que se beneficiaban, por ejemplo, con los precios bajos del “mercadito naranja”.
En el caso de Gerardo Sánchez Sansores, el panorama es diferente, porque de manera ostentosa ha difundido él mismo sus propias fotografías repartiendo despensas, pescado y otros apoyos a los habitantes de colonias populares, aún antes de que le otorgaran un cargo ficticio en la estructura estatal de la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo.
No sólo eso, sino que con premeditación, alevosía y ventaja se presenta en esos eventos en esas colonias como el sobrino de la gobernadora, y ofrece atender solicitudes de gestión de la gente, para llevarlas a Palacio de Gobierno, a fin de que sean atendidas con prontitud, lo que resulta violatorio de las leyes electorales, porque él sí está haciendo proselitismo con recursos públicos.
¿A poco Morena le da recursos a Seso Loco para que reparta en las colonias y así compre liderazgos? ¿Y de dónde agarraría dinero Morena para regalarle al sobrino de la gobernadora, si su chilango dirigente, Erick Reyes León, se ha quejado de que están en tan difícil situación económica, que no tienen ni para el pago de la nómina?
Es evidente que Seso Loco utiliza dinero público para promocionarse, y de paso sobornar a líderes de colonias populares para incorporarlos a su ejército de mapaches, porque es evidente que necesitará de toda suerte de triquiñuelas para agenciarse votos, en caso de que Morena le cumpla el capricho a la gobernadora Sansores de postular a su sobrino como candidato al Senado de la República o a algún otro cargo de elección popular.
En el pasado proceso la gobernadora pretendió hacer diputada a su sobrina Anthea Sansores Olvera por el distrito que comprende la Alcaldía Álvaro Obregón, y que comparte territorio con Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, pero los votantes le dieron una felpa electoral de la que aún no se repone. Como premio de consolación le dieron un sueldazo en el Gobierno de Campeche. Pobrecita.
Si Layda Elena se tardó 24 años en ganar la elección a la gubernatura, y tuvo que comprar miles de votos para poderle ganar a Eliseo y a Movimiento Ciudadano, no sabemos si Seso Loco tenga que esperar un siglo para triunfar en un proceso comicial, sobre todo en momentos en que más del 80 por ciento de los campechanos se dicen, en las encuestas, decepcionados del Gobierno de Todos los Sansores.
No hay que olvidar tampoco que en el proceso electoral venidero ya no se contará con el voto inercial a favor de López Obrador, ya que Claudia Sheinbaum Pardo, por más títere que pueda ser del tabasqueño, no tiene ni su arrastre ni su carisma. Además los malos resultados que entregará se verán reflejados en las urnas, por lo que colgarse de la figura pejista no garantiza ganar una elección.
Ojalá le sirva a tía y sobrino lo sucedido el martes en la Alcaldía Benito Juárez, en que Sheinbaum Pardo no participó en un encuentro en el Estadio Ciudad de los Deportes, porque la despreciaron los militantes. El dirigente nacional de Morena tuvo que entrar al quite para cancelarlo y demandar mejor organización. O sea, en los próximos eventos el gasto tendrá que ser brutal.
Ni siquiera aquí en Campeche pudo llenar la reducida Concha Acústica. Por eso es difícil que Seso Loco sea candidato a un cargo de elección popular, el voto de castigo será devastador, por lo que ya analiza meterse en la lista de plurinominales, porque lo que está buscando es fuero que le brinde impunidad para cuando se le acabe el poder a su tía, y sea imputado por las tantas ilegalidades en que ha incurrido.
Recuérdese que en la Alcaldía Álvaro Obregón hay un muy grueso expediente en su contra, y no nos podemos imaginar todo lo que le van a armar cuando en Campeche la gubernatura quede en manos de otro partido. Pero ese será tema de otra entrega.

LE APAGAN LA VELA A GÓMEZ CAZARÍN

Ausente desde hace varias semanas de las sesiones del Congreso a consecuencia de una recurrente afectación en su salud, al jarocho Alejandro Gómez Cazarín se le están apagando las velas respecto a su futuro político, luego de los innumerables excesos en que ha incurrido como coordinador parlamentario de los diputados de Morena, y presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado.

Aunque es uno de los que utilizó el presupuesto público para cooptar liderazgos —sumó a su bancada a legisladores que fueron del PRI, de Movimiento Ciudadano y del PAN para tener la mayoría calificada que le permitiera aprobar leyes y acuerdos de prioridad para el Gobierno del Estado—, Gómez Cazarín no tuvo la misma generosidad con los integrantes de su propio partido, y éstos poco a poco lo fueron abandonando.
Gómez Cazarín —a quienes sus compañeros rebautizaron en corto como “Gómez Tortolín”— se sintió pese a ello todopoderoso, ya que tenía todo el presupuesto a su disposición (ha manejado más de 499 millones de pesos en dos años), de suerte que empezó a derrochar mucho dinero en su autopromoción, sea en medios digitales, conferencias, congresos juveniles, eventos deportivos con figuras del balompié nacional por ejemplo, y hasta creó su grupo de rock, en donde él era el personaje principal, llegando incluso a grabar un sencillo con el legendario Alex Lora.
Eso generó suspicacias entre los integrantes de su bancada y fue el diputado carmelita Jorge Luis López Gamboa, también de Morena, quien exigió una investigación en torno al destino de más de 250 millones de pesos que se manejan este año como parte del presupuesto del Poder Legislativo.
Nunca le respondieron, obviamente, aunque la duda quedó sembrada y además sacó a flote la prueba de que el grupo parlamentario de Morena había inconformidad hacia su pastor.
Y cómo no, si en su compulsiva obsesión por ser el próximo candidato de Morena a la Alcaldía del Carmen, se convirtió en el principal dolor de cabeza del presidente municipal Pablo Gutiérrez Lazarus, a quien constantemente echaba en cara la falta de cumplimiento a sus compromisos de campaña, además de que, en su propio territorio, empezó a realizar “acciones de gestión” para resolver problemas que la autoridad municipal “no atendía”.
Se dice que ante los llamados de atención para que le “bajara a sus humos”, Gómez Cazarín respondía que tenía en sus manos el poder de la Auditoría Superior del Estado para acabar con sus enemigos y para ponerle un “estate quieto” a quien se atreviera a interponerse en su carrera política. Advertencia que, nos aseguran, incluía al propio Gobierno del Estado. Es decir, el diputado jarocho creyó tener al diablo agarrado de los tanates.
Una primera respuesta a su soberbia fue el fulminante cese de su esposa, Teresa Xóchitl Pitzahuatl Mejía Ortiz como titular estatal de la Secretaría del Bienestar, y la advertencia de que había un fuerte desvío de recursos en esa dependencia, que podría llevar a la cárcel a la también veracruzana.
Su bancada también reaccionó de inmediato. Lo dejaron de apoyar incondicionalmente. Y si bien votaban a favor de las iniciativas o acuerdos que les solicitaba el Gobierno del Estado, ya no se mostraron como incondicionales de Gómez Cazarín, y le hicieron saber que en cualquier momento podían derrocarlo.
Fue en este lapso de inminente ruptura en la bancada morenista, cuando Gómez Cazarín sufrió una nueva crisis en su salud —o se excusó en eso— y los movimientos al interior del Poder Legislativo tuvieron que posponerse, en espera de que se reintegre, y de que con su actitud demuestre si aprendió la lección o sigue ensoberbecido, creyendo que con el apoyo de su hermano, líder del Congreso de Veracruz, podría de verdad convertirse algún día en el gobernador de Campeche.
Lo cierto es que su prolongada ausencia de las sesiones del Congreso y de las actividades legislativas propiamente dichas, no se han dejado sentir por ningún lado. Las cosas marchan bien sin su presencia, y son sus múltiples recomendados y muchachitos (se sabe que tiene en nómina a una buena cantidad de veracruzanos), los que están temblando ante la eventualidad de un relevo en el liderazgo del grupo parlamentario de Morena, y en consecuencia, en la presidencia de la Junta de Gobierno y Administración.
Esa persona a la que entregó 50 millones de pesos para su campaña, sopesa ya la idea de deshacerse de él con el pretexto de que ya se cobró el adeudo, además que ya no confía en él. Nos aseguran que está muy cerca de concretarse su relevo.

URGE CAPACITAR A RENATISTAS

Muchos —sí, muchos— subordinados del fiscal Renato Sales Heredia necesitan capacitación en lenguaje, expresión, análisis, sindéresis, exégesis y lógica elemental y de sentido común en la comprensión y la exposición del derecho aplicado a las denuncias.

Y, por supuesto, los acuerdos en las medidas de protección a víctimas, para no caer en el ridículo, la burla y el escarnio.
Por ejemplo, la licenciada Ana Laura Reyes Vázquez, agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigació Concetradora (sic, de sus oficios), en que revela su falta de investigación, carencia de análisis y sólo perfila su servidumbre a la orden de su superior jerárquico.
Y que por favor no vaya a denunciar a la columna y los columnistas por los delitos de odio y calumnia y bajo su estricta responsabilidad, “apegada a lo que expone el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su fracción V, ordene fundada y motivadamente, la aplicación de medidas de protección idónea cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido”.
Antes, bien, por favor, se le suplica encarecidamente, que proporcione el derecho de audiencia al victimario o los victimarios, o que analice las razones de la denuncia, la posición del supuesto afectado o afectada, si dejó de dolerse porque lo despidieron o la despidieron del cargo y como consecuencia “cesaron los ataques”, y comunique cuáles en concreto son las medidas de protección dictadas en tal caso.
Entre sus acuerdos, bien podría recomendar a la víctima dejar de leer los periódicos y menos columnas —objetivas y subjetivas—, escuchar la radio, ver la televisión o adentrarse en las redes sociales, o dotar de equipos que inhiban la visión, la audición y el deseo de especulación y averiguación de chismes a través del teléfono inalámbrico.
Para que el victimario o los victimarios no enfrenten otro proceso en razón de género o los delitos de odio y calumnia —más los que se les ocurra, como disolución social, terrorismo verbal o escrito, incitación a la violencia o agresión por el cargo que se ocupó, porque ya lo o la despidieron o cesaron—, sería prudente que en el caso de los varones, el fiscal tome el siguiente acuerdo.
Que los ministerios públicos sean hombres, —del sexo masculino, para ser más precisos—, y los podría encabezar Rafael Balam, —con m por favor, y sin acento—, González, por su carácter amenazante y pendenciero, al que poco le preocupan las reglas de urbanidad. Se le podría sugerir o recomendar la lectura del Manual de Carreño o algún texto de Baltazar Gracián, antes de su designación.
Reconsideremos. Reyes Vázquez atiende de inmediato quejas y denuncias por malestares, insinuaciones, acusaciones, sospechas o dolencias de las supuestas víctimas. Lo grave es que no averigua, antes de presumir criminal al comunicador, al que amaga con la aplicación de arresto hasta por 36 horas, de persistir el acto de molestia.
La versión del acusador es suficiente para la Ministerio Público. No delimita el campo de ocupación laboral, ni si es investigable la versión periodística, ni consulta lo que en el caso de la crítica a los funcionarios considera la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No. La ley del Oeste para el “violentador” periodista.
Esa es la narrativa que se puede esperar en los próximos días de muchos comunicadores, afectados por el entreguismo del Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, la Comisión de Derechos Humanos del Estado y la Fiscalía General del Estado, por atreverse a criticar o denunciar. Dios agarre confesados a los miembros de la comunidad periodística revoltosos, criticones o malencarados.
Vienen más embates del Gobierno del Estado. ¿Pues qué se creen los comunicadores? A purgar sus penas si no cesan en su criminal posición investigativa de desmanes, abusos y corruptelas de la Administración de Layda Elena Sansores San Román y dejan de responderle a sus agresiones, mentiras y comentarios. Hay nombres y apellidos de los demás servidores del poder involucrados en el complot. Hay tiempo para denunciarlos.
Mientras tanto, serán informados de lo que ocurre los organismos protectores de los derechos de los periodistas, Reporteros sin Fronteras, Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa, cuyo congreso se efectuará en noviembre de este año en la Ciudad de México. Sí, hay tiempo para lanzar voladores, y tiempo para recoger las varas.

¿NO QUE ACABÓ LA ROBADERA?

No paran denuncias por presumibles actos de corrupción en ejecución de obras encomendadas a la Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche, que se encuentra bajo la tutela de Rosa Olvera, cuñada de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román.

Los pomuchenses comentan extrañados la falta de transparencia en la restauración de la parroquia y mejoramiento de la imagen urbana de la calzada de los muertos. Esto incluye la rehabilitación y mejoramiento del cementerio y el parque principal.
Por eso la sociedad demanda que la Auditoría Superior del Estado verifique el gasto, toda vez que materiales como postes, luminarias y bancas están siendo reutilizados. Los postes fueron desinstalados y pulidos, para dar la apariencia de nuevos, y en el parque las bancas sólo fueron pintadas de negro y les quitaron el logotipo de la anterior Administración. La pintura de las casonas y la construcción de banquetas, tampoco representa un gasto millonario, como el que se pretende hacer creer, se señala.
Pues bien, la cuñada de Layda Elena en un comunicado dado a conocer hace varias semanas, informa de los trabajos, pero oculta la fecha de la licitación y el nombre de la empresa beneficiada. No proporciona un desglose de lo que se gasta.
El presupuesto fue de 30 millones de pesos, los cuales no se justifican según los lugareños. A juzgar por lo que se comenta entre los constructores, la mochada del 20 por ciento por la adjudicación le arrojará a la cuñada incómoda una envidiable cantidad para pasar bien las fiestas de Navidad, Año Nuevo, el Carnaval y posiblemente la Semana Santa. ¿O no? ¿Y se acabó la robadera? Sí, cómo no.

RÁFAGA POLÍTICA…

EL  DEPORTE CAMPECHANO en la Olimpiada Nacional tuvo serio retroceso, al quedar en el sitio 23, cuando en años anteriores figuraba en los primeros lugares. Se debe a que por la Dirección de Alto Rendimiento han pasado tres directores. Primero fue el cubano Fermín Carrasco, despedido por agredir en una Olimpiada Nacional a un entrenador, al que lesionó en el rostro. Lo sustituyó otro cubano, de apellido Labrada, quien carecía de experiencia y no dio resultados, lo sustituyó el quintanarroense José Bacelis, despedido del Instituto del Deporte en Quintana Roo —¿por qué motivos? No se sabe—, al que se le ve frecuentemente en diversos sitios del malecón consumiendo bebidas alcohólicas con amigas del Indecam, para mal ejemplo de los atletas. Ahora la pregunta interesante, ¿no hay campechanos capaces para ocupar el puesto?

EXPEDIENTE es elaborado con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA. Comentarios, opiniones, quejas, denuncias, elogios, ofensas, agradecimientos y sugerencias al correo electrónico: expedien75@hotmail.com