Persecución política, acusa Arce

Al declarar que el proceso penal en su contra es parte de la persecución política del Gobierno de Morena contra los adversarios políticos y de miembros de Movimiento Ciudadano (MOCI), el diputado local Paul Arce Ontiveros aseguró que no se separará del cargo y confió en ganar el caso viciado y corrompido.
El coordinador del grupo parlamentario de MOCI aseguró que seguirá con el caso. Tenemos un periodo de cuatro meses para ampliación de la investigación y se demostrará que no hay elementos, sobre todo que la Fiscalía Anticorrupción actúa de manera parcial, porque a los funcionarios de Morena denunciados por presuntos actos de corrupción ni siquiera los investiga.
Después de las dos audiencias pudo observar cómo se desarrolla el proceso, y en la revisión de la carpeta de investigación pudo concluir que todo lo que se nos está imputando, de lo que presuntamente hicimos, es una persecución política en contra de quienes formamos parte de MOCI.
El hecho de haber sido vinculado a proceso por presunto peculado por uso de 75 facturas supuestamente falsas, en el que habrían desviado dos millones de pesos, según la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado, no implica ni lo obliga a separarse del cargo como diputado local, sino sólo cumplir con las condiciones impuestas por el juez.
Al estar vinculado en este tema no quiere decir que me tenga que separar del cargo. Me fijaron algunas condiciones, como el depósito de una fianza y no salir del Estado, y lo vamos a cumplir.
Al final del proceso, en temas legales bien se podría concluir con una reparación del daño, o sea pagar los dos millones de pesos que acusa la Fiscalía Anticorrupción, pero se tiene la confianza de ganar el caso, debido a que las carpetas están manipuladas y más que nada tienen una consigna de eliminar a los adversarios y opositores del actual régimen.
Hay consigna en contra de nosotros, porque es muy claro que no se procura ni imparte la justicia pareja, pues si actuaran con la misma intensidad con las denuncias que se han presentado en contra de Raúl Pozos, secretario de Educación (Seduc) y del secretario de Gobierno, Armando Constantino Toledo Jamit, quienes fueron exhibidos con fajos de billetes, ya estarían en la cárcel. Esto demuestra la parcialidad de las autoridades que supuestamente deben impartir justicia, indicó.