No se ha claudicado en las denuncias presentadas por los apicultores de Hopelchén para exigir justicia y la reparación del daño por más de 12 millones de pesos derivado de la mortandad de miles de colmenas de abejas, aseguró el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Medina Farfán.
Aseguró que es un asunto toral que no se puede dar carpetazo, no sólo por lo que representa la actividad, las afectaciones a la salud, las pérdidas de los productores, y el daño al medio ambiente.
Indicó que hace unos días, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA), hizo entrega de 200 colmenas como parte de un paquete de más de mil a productores de San Francisco Suc Tuc, Hopelchén y Crucero de Oxá, Campeche, con lo que se reconoce el daño y perjuicio ocasionado a grupos de apicultores, que perdieron a raíz de la muerte masiva de abejas provocadas por el mal uso de plaguicidas.
“Este apoyo no compensa el número de colmenas afectadas ni sustituye a las más de 300 mil colmenas que se perdieron. Es un acto de buena voluntad para que los apicultores vuelvan a retomar la actividad y repoblación de los apiarios por el envenenamiento de Fipronil”.
Señaló que no se está condicionado a desistir en las demandas presentadas ante diversas instancias como la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa), por presuntos delitos ambientales para que se castigue a los responsables y se tomen medidas para que no se repita este escenario; así en la Procuraduría Ambiental estatal que se declaró incompetente, y la solicitud de declaratoria de emergencia ambiental hecha a la gobernadora Layda Sansores San Román.
“Nada de esto se ha desistido, ni cancelado. Seguimos en la lucha judicial y legal para que a las comunidades de Suc Tuc y Oxá se les haga justicia total. El daño cuantificado fue de 12 millones de pesos y se pide que se repare este daño, y que las autoridades tomen medidas para que no vuelva a ocurrir y quienes cometieron la mortandad masivas de abejas derivado del mal uso de plaguicidas sean sancionados.
“Se pretende establecer un precedente donde la actividad apícola debe ser protegida, y que el uso de plaguicidas debe ser regulado, supervisado y controlado porque se tiene que tomar en cuenta que de manera silenciosa la gente de Hopelchén está siendo envenenada y las abejas son un ejemplo de lo que causan estos venenos, por ello continuaremos hasta las últimas consecuencias”.
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