Si vence plazo y no lo hacen, se procederá por la vía jurídica, advierte Baqueiro Ramos
Los desvíos de recursos en los Ayuntamientos detectados por la Auditoría Superior del Estado (Asecam), tienen que ser aclarados por los alcaldes, de lo contrario, que se denuncie ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (Feccecam), aseveró la presidenta de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del Congreso local, Laura Baqueiro Ramos.
Recordó que las y los titulares de los entes públicos fiscalizados tienen todavía periodo legal para solventar las observaciones del órgano auditor, ante lo cual esperarán que concluya ese plazo y, remarcó, si no justifican el uso de recursos públicos, la misma Auditoría tendrá que proceder legalmente e interponer las denuncias.
Las observaciones del organismo que encabeza el veracruzano Javier Hernández Hernández, exhiben el mal manejo al dinero de las y los campechanos por parte de las autoridades, ya sean estatales o municipales, quienes tienen la obligación de solventar y justificar en qué gastaron el presupuesto público, aseveró.
“No sé exactamente cuáles fueron las causas de estos faltantes, pero jurídicamente tienen un plazo para solventarlo, pero si no lo hacen, ya veremos cuál sería la situación jurídica que tendrían que enfrentar”.
La también legisladora local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) confirmó que las y los diputados del grupo parlamentario del tricolor revisan qué leyes podrían modificar, para fortalecer a la Asecam y ayudar al auditor a hacer su trabajo con mayor eficiencia, sin que las leyes sean interpretativas.
Baqueiro Ramos descartó que el Congreso del Estado pueda “castigar” a los Ayuntamientos que incurrieron en mal manejo de recursos, con la reducción de sus presupuestos para el 2024, pero podría haber otras sanciones a los servidores públicos.
Los Ayuntamientos tienen dinero asignado, ya sea por la fórmula a nivel federal, y en el caso del Gobierno Estatal no se contempla la reducción de ningún recurso a los Ayuntamientos por el mal manejo, tiene que ser otra penalización, jurídicamente, pero no la reducción, subrayó.
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