Remoción de más de 11 mil especies forestales en el tramo uno
Las obras del tramo 1 del Tren Maya han afectado la biodiversidad de la región. De acuerdo al Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, mediante análisis a la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R) del Tren Maya Fase 1, en esta región se contempla la remoción de más de 11 mil especies forestales, “dos especies están clasificadas en peligro de extinción, cinco están amenazadas y una está sujeta a protección especial”.
“En 2021, 130 personas nos unimos para hacer un plantón aquí en la comunidad”, relata el pastor Joel Jiménez. Después de tres meses de bloqueo de las obras, el exdirector general de Fonatur, Javier May Rodríguez, visitó a los habitantes de Paraíso Nuevo.
“No es posible que pase un tren que vale millones de pesos por un pueblo que esté marginado y sin calles”, recuerda Jiménez sobre los argumentos lanzados al funcionario federal.
Frente a 200 pobladores, el extitular de Fonatur se comprometió a una serie de beneficios: pavimentar calles, entregar paneles solares, antenas de internet y mejoramientos para el centro de salud. Incluso prometió un programa de vivienda, dividido en tres etapas, cuya última nunca se cumplió.
Tras esta omisión, 24 familias quedaron sin el beneficio en vivienda. En ese momento, los funcionarios de Fonatur, José Luis García Vela, gerente de infraestructura, y Mario Alberto Cárdenas Vera, analista, se negaron a cumplir lo prometido por May. “De ahí vino la idea de volver a cerrar el tramo, en noviembre 2022”, señalan los habitantes de Paraíso Nuevo.
Pasaron dos meses y no hubo diálogo. Los pobladores del ejido denuncian que los funcionarios de Fonatur sólo aparecían para presionar y amenazar a las personas movilizadas. “El 9 de enero del 2023 la Guardia Nacional, agentes de ministeriales, de la Fiscalía, Policía del Estado y militares, vinieron a desalojar a la gente”, recuerda el pastor sobre el operativo durante el cual fue detenido y acusado por delincuencia organizada.
“Nosotros estuvimos bajo medidas cautelares”, reclama Jiménez, quien mantiene el proceso legal en libertad debido a que Fonatur no presentó pruebas para sostener su denuncia.
“Nos acusaban de delincuencia organizada, nos acusaban de robo en pandilla. Soy un pastor evangélico que me dedico a predicar de Jesucristo, y lejos de motivar a la gente que hagan delincuencia le aconsejo que haga bien las cosas”, contradice el pastor sobre los cargos que le fueron imputados por su participación en las protestas.
FRICCIONES
Por su parte, Rubí Garduza Pablo lamenta que la división del pueblo también se manifieste en el tejido comunitario. Recuerda que durante los plantones, la mayoría del pueblo estaba unida, pero una vez comenzaron a repartir beneficios, “la gente a la que ya le habían dado, se apartó y se unió a ellos, ahí nos dividieron en gran manera. En las reuniones de agua potable, de la luz o cualquier otra referente al pueblo, sigue habiendo esas fricciones”, detalla.
El pastor enfatiza que desde el momento de su detención el personal militar, del Ejército y de la Guardia Nacional, se asentó en la comunidad. “Ellos vigilan que nadie se ponga en la vía”, denuncia.
Rubí es una de las mujeres de Paraíso Nuevo que alzan la voz contra la militarización de los espacios públicos en su comunidad. Según sus relatos, elementos del Ejército y GN que permanecen en el parque y las canchas de la comunidad, utilizan drogas y alcohol. Pese a las denuncias, reclama que sus superiores han relevado algunos elementos, quienes tras su llegada repiten las mismas conductas.
“No es lo que dice la televisión, ni el Gobierno”, reflexiona el pastor sobre quienes serán beneficiados con el megaproyecto. “Que el Gobierno mire con otros ojos al Sureste, no con esos ojos ambiciosos de ganancias multimillonarias, hicieron un proyecto que no es ni de nosotros”, reclama mientras espera la resolución de su proceso penal por protestar contra el megaproyecto estrella del Sureste mexicano. (Con información de la agencia Desinformémonos y Avispa Midia).
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