Francisco Rivas (*)
Al cierre de 2024 quienes resulten electos como presidenta, su gabinete y el H. Congreso de la Unión, deberán destinar al gasto en seguridad por lo menos 225 mil millones de pesos más respecto a 2024.
Este dato es una de las conclusiones a las que llega el estudio “¿Transformación o retroceso? El costo de la tragedia en seguridad y justicia”. Documento que elaboramos en el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) con el objetivo de ser un insumo clave para las decisiones de política pública que se deberán tomar en los próximos años.
El estudio nace de la necesidad de resolver la actual crisis de seguridad; del hecho que el actual sexenio ya se confirmó como el más violento de la historia.
En 2024 el presidente López Obrador entregará instituciones más débiles y deficientes respecto a las que recibió en 2018.
En el estudio logramos exhibir con claridad el daño provocado por el desmantelamiento de las instituciones de seguridad y justicia, y estimar el costo económico de remontar los rezagos generados en los últimos cinco años.
Se demuestra cómo la ruptura de mecanismos de colaboración entre las autoridades federales y la sociedad civil organizada ha debilitado la operación de las dependencias involucradas en seguridad y justicia, mermado la transparencia e imposibilitado la rendición de cuentas.
Además, el decremento marcado del gasto en el rubro, ha hecho casi imposible la labor de las dependencias encargadas de prevenir y combatir los delitos y ha favorecido el crecimiento de la violencia, la impunidad y el control territorial por parte de la delincuencia.
Las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República, deberán incluir en sus propuestas de campaña acciones puntuales dirigidas a la reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia.
Quien resulte electa deberá definir procesos y recursos que permitan que las policías, fiscalías y otras dependencias de seguridad actúen eficazmente para arrebatarle el control territorial a la criminalidad.
Es importante aclarar que tal monto sólo permitiría regresar al nivel de funcionamiento y calidad institucional que los mexicanos teníamos en noviembre de 2018. No obstante, garantizar 225 mil millones de pesos más al presupuesto para la seguridad, sería un buen primer paso para construir las instituciones que el país necesita.
@frarivasCoL
(*) Director del Observatorio Nacional Ciudadano.
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