El IEEC investigaría respaldo de LSS a Sheinbaum Pardo

Si incurrió en delitos electorales podría recibir penas corporales: Suárez Améndola

El Instituto Electoral del Estado (IEEC) analizaría si la gobernadora Layda Elena Sansores San Román violó la ley, al participar en actos de proselitismo de la precandidata de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum Pardo, pero es necesaria la denuncia, afirmó su presidenta Lirio Suárez Améndola, al exhortar a los servidores públicos a conducirse con apego a las leyes.
Tiene que haber denuncia de por medio para analizar. Son muchos factores, el horario, el tipo de palabras y evento, y además habría que saber si es competencia federal o estatal. No se puede prejuzgar o analizar anticipadamente, hasta no cumplir con todas las formalidades que corresponde a una denuncia, precisó.
Las actuaciones de oficio abarcan algunos temas administrativos y penales, aunque en materia electoral tiene que haber una denuncia ‘a fuerza’, y aseguró no tener conocimiento de que algún partido o actor político haya presentado alguna sobre el caso, porque todas son notificadas al área de Presidencia.
La atención de delitos electorales le corresponde a la Vicefiscalía en la materia, expuso, pero llamó a los funcionarios públicos a que lean la ley, para que eviten violarla, y es que alertó que algunos prevén sanciones corporales, lo cual ya no es competencia del IEEC.
Una falta administrativa se denuncia ante el IEEC, la califica el Tribunal Electoral, pero un delito electoral se va al Ministerio Público y a jueces en materia penal, por lo que es importante hacer esta invitación, advirtió.
Si alguna persona o entidad pública deseara que el órgano electoral les brinde capacitación en la materia, cuentan con personal que puede explicar muy bien cuáles son las faltas administrativas en materia electoral y cuáles serían delitos electorales.
Muchas servidoras y servidores públicos no reconocen la diferencia que hay entre una falta administrativa y un delito electoral, y sería importante que lo sepan para evitar que les pudieran generar inclusive penas corporales, por protección de ellas y ellos mismos, concluyó Suárez Améndola.