María Elena Morera (*)
Ernestina Godoy llegó a la Fiscalía de la Ciudad de México por su amistad con el Presidente y con Claudia Sheinbaum, pero sin experiencia en justicia penal. Su gestión fue marcada por los favores (ilegales) que realizó a políticos y por su alejamiento de las víctimas. Así que, contrario a lo que dicen en Morena, la realidad indica que la fiscal no tenía la confianza de los ciudadanos y sus resultados son reprobables.
Como sucede a menudo en la CdMx, el tres de enero a las 2:05 p.m. el auto de Jessica que conducía rumbo a su trabajo se quedó atrapado entre otros autos sin poder moverse. Mientras, otra mujer le gritaba desde su camioneta que se moviera para que ella pasara, pero, al no poder hacerlo, enfurecida Nallely N bajó de su auto y la golpeó con las llaves en la cara y la cabeza; al lugar llegaron policías que las trasladaron a la agencia A0-2 para presentar la denuncia y ser valorada por las lesiones que presentaba.
Se solicitaron los videos de las cámaras y el médico legista indicó que debía ser valorada lo antes posible en un hospital de la red Sedesa. La llevaron a tres hospitales, pero no pudieron atenderla al no contar con especialistas ni un aparato de tomografía en servicio. Después fue trasladada a un hospital del ISSSTE, donde ingresó pasadas las 12 de la noche. Cuando estaba internada, acudió un ministerio público a intimidarla diciéndole que los videos estaban borrosos. Lo cual era mentira, ya que en otra área de la fiscalía confirmaron que los videos eran claros. A la imputada la llevaron a Santa Martha, pero quizá con dolo, el MP le avisó con poco tiempo a la víctima la cual no llego a la audiencia con el Juez de Control, donde se perdió el asunto.
A Jessica, hasta hoy, no le otorgaron reparación del daño ni medidas cautelares para que la victimaria no se le acerque, ahora teme por su seguridad debido a las amenazas que recibió de Nallely N y por su agresividad.
Éste es solo uno de los casos a los que di seguimiento en la Fiscalía de la CDMX. En general las víctimas refieren que las ignoran o las revictimizan y en ocasiones les piden que firmen la denuncia por un delito distinto al cometido. Las únicas víctimas que no fueron maltratadas son las de secuestro cuando sus casos son atendidos por expolicías federales de investigación.
La mala atención y la impunidad que les comparto coinciden con datos oficiales y estudios realizados por organizaciones civiles. De acuerdo con el Índice del World Justice Proyect, la Ciudad de México ocupa el lugar 31 de las 32 entidades, solo por encima de Quintana Roo, respecto al cumplimiento al Estado de Derecho, principio que rige la manera en que todos debemos someternos a las reglas para convivir y desarrollarnos. Es decir que la garantía constitucional de los derechos fundamentales, la separación de poderes y la protección judicial frente al uso arbitrario del poder tiene un mínimo cumplimiento.
El estudio de “Hallazgos desde lo local: CDMX”, de México Evalúa, indica que el 98.4% de los delitos denunciados e investigados quedan impunes y en los casos de desaparición la impunidad es del 100%. En el único delito que tienen relativo éxito es en secuestros, donde la impunidad es del 62%.
Por último, en Causa en Común encontramos que la Fiscalía de la CDMX tiene omisiones y posible manipulación en delitos de homicidio y secuestro, lo cual al parecer es un método para ocultar cifras.
Con esta serie de datos, ¿aún hay quien dude del fracaso de la fiscal? Y su desdén a las víctimas no terminó con su salida, en su lugar dejó de forma ilegal a su vocero Ulises. Cuya experiencia en justicia penal es escribir comunicados y que logró obtener una licenciatura en derecho apenas este año. ¡Solo en México admitimos esto!
(*) Presidenta de Causa en Común.
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