La fotografía publicada en las redes sociales de TRIBUNA y Telemar, donde se aprecia a Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores de compras en Sam’s Club escoltado por un guarura armado la noche del pasado martes, ha sacado a flote una serie de graves irregularidades que lamentablemente se han normalizado en el nefasto Gobierno de su tía Layda Elena.
De entrada, habría que replantear la interrogante de la publicación en cita: “¿A qué le teme? Si su tía dice que Campeche es seguro, y que esos privilegios se acabaron en su Gobierno, ¿quién miente?”.
Carente de argumentos, pues su escuálido cerebrito dicen que ha perdido neuronas por el consumo de productos nocivos para la salud, Seso Loco intentó desviar la atención, con una “aclaración” del mismo tamaño que su ilimitada y patibularia estupidez:
“Los chayoteros de Telemar presentan la gran noticia. El Seso entra a SAMS. Fui a comprar vasos, platos y servilletas. Estoy organizando reuniones para Jamile Moguel. Terror les debe dar. Jajajaja”.
Y no. Nadie le preguntó qué fue a comprar a Sam’s, aunque los comensales del lugar aseguran que compraba los regalos para las rifas de su tía. Sino por qué se pasea por la ciudad y sale a hacer sus compras con escoltas armados, adscritos a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, pagados con nuestros impuestos.
¿Por qué ese abuso de los privilegios gubernamentales? ¿Qué funciones importantes desempeña para sospechar la posibilidad de alguna agresión? ¿Algunos de los muchos ofendidos por sus acciones aprovechándose del cargo de su tía, podrían abofetearlo en plena calle o establecimiento?
La foto, sin duda, refleja el sentimiento con el que sale de su casa y de las oficinas de Gobierno, donde ilegal e impunemente sigue cobrando, sin el mínimo resquicio de vergüenza. Si el Campeche de su tía es el tercer Estado más seguro del país, ¿por qué entonces le tienen asignados al menos dos guardaespaldas fuertemente armados y se mueve en vehículos blindados? ¿A qué le teme? ¿Cuál es su sospecha? ¿Es miedo, terror o pánico?
Hay que precisar que el pasado martes por la noche Seso Loco salió de compras con uno de sus hijos, quien tenía también un escolta fuertemente armado, adscrito a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. ¿No que ya no existían esos privilegios en el Gobierno de Layda Elena Sansores San Román? Recordemos que hace seis meses su hermana Mónica fue captada haciendo compras con chofer, acompañante y vehículo oficial.
¿En calidad de qué les brindan protección a Gerardo Sánchez Sansores y a sus familiares, si supuestamente no cobran en el Gobierno del Estado ni son servidores públicos? Su único cargo público es un nombramiento de segundo plano en el partido Morena, para apoyar a nivel estatal la campaña a la Presidencia de la República de Claudia Sheinbaum Pardo.
¿Los protegen sólo porque son sobrinos de la gobernadora? Y si es así, entonces ¿a cuántos familiares más de Sansores San Román le tienen asignados escoltas con sueldos pagados por el Gobierno del Estado? O sea, con salarios que cubre el pueblo. Una vez más mintió Layda Sansores, cuando dijo que se acabaron esos privilegios.
No es un tema nimio. A Seso Loco lo protegen porque desempeña labores de funcionario público, con lo que el corrupto Gobierno de su tía incurre en evidente nepotismo, tráfico de influencias, abuso de poder, desvío de recursos, fraude y abuso de confianza. Lo hemos comprobado y denunciado públicamente, y el delito sigue impune.
Si le otorgan protección sólo por ser sobrino de la gobernadora, entonces los diputados deben citar a comparecer a la comandanta Marcela Muñoz Martínez para que informe cuántos policías ejercen funciones de escolta, en lugar de dar seguridad a la ciudadanía.
Si lo protegen porque —ahora nos enteramos— está en el equipo de Jamile Moguel, entonces ¿esperan más atentados a balazos? ¿Los delincuentes con quienes estaba aliado el esposo de la candidata morenista no han terminado de cobrarse la afrenta?
Este asunto debería ser retomado por los diputados para exigir cuentas claras a la jefa de la Policía y demandarla por utilizar recursos públicos —sueldos, armamento, radios, vehículos, equipos y personal— para proteger a haraganes como Seso Loco.
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