Pánico al pueblo

La frase atribuida al presidente López Obrador, de que “el pueblo pone, y el pueblo quita”, se ha convertido en boomerang de consecuencias mortales para los impulsores de la 4T en Campeche.

La figura jurídica de “Revocación de mandato”, plasmó en la ley esa frase lopezobradorista, y el Instituto Nacional Electoral (INE) lo define como “el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza”.

En términos generales, esa figura es aplicable a todos los representantes electos por parte de los ciudadanos, lo que en teoría debería incluir también a regidores, síndicos, presidentes municipales, diputados locales, senadores, diputados federales y gobernadores.

Aprobada en diciembre de 2021, la Ley de Revocación de Mandato, se ha convertido en los hechos, en la principal espada de Damocles para todos los malos gobernantes. 

Si defraudan la confianza ciudadana, si no cumplen con las expectativas, si incurren en abusos, excesos, corruptelas, violaciones a la ley, etcétera, el pueblo puede pedirle al Congreso que convoque a una consulta popular para revocarles el mandato.

Es curioso que siendo esa una lucha de muchos años de la izquierda mexicana, en Campeche su aprobación la mantenga congelada la mayoría morenista que controla el Congreso del Estado. Eso nos da a entender, o que los diputados campechanos guindas no son de izquierda, o no son demócratas, o no son morenistas, o le tienen pánico al pueblo.

De la gobernadora se entienda su pavor al pueblo. Sabe que los ha defraudado, está consciente de que es repudiada, reprobada y que se le ha perdido la confianza, como han mostrado la mayoría de las encuestas publicadas hasta ahora. De ahí  que, en confabulación mafiosa, haya acordado con los diputados morenistas no aprobar por lo pronto esa iniciativa.

Tarde o temprano, sin embargo, tendrán que hacerlo. Las leyes federales tienen que homologarse sí o sí en las legislaturas estatales, y ante el retraso premeditado por parte de la bancada morenista campechana, puede recurrirse a la Corte para que les ordene legislar sobre el tema.

No lo tienen aún en su agenda legislativa, pese a las presiones de las bancadas opositoras, fundamentalmente PRI y Movimiento Ciudadano, y hasta es muy probable que esta Legislatura la mantenga en la “congeladora”. De ahí la importancia de que cuando el mes próximo los candidatos a diputados locales vayan a las casas a pedir el voto, se les exija la inmediata aprobación de esa ley apenas se instalen en sus curules. 

¿Le creerán los electores a los candidatos morenistas que le pondrán la soga al cuello a su gobernadora? Estaría de Ripley. Por eso hay que identificar desde ahora por quiénes no se debe votar. Y por qué razones.