EN BALNEARIO FIFÍ.
Mientras nuestros policías permanecen firmes exigiendo la destitución de la criminal Marcela Muñoz y su camorra de bandidos, y mejores condiciones de trabajo, la gobernadora vacaciona con los Bravo Muñoz en su playa privada de San Lorenzo, propiedad que debió haber entregado hace años al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
Y es que desde que los Sansores asumieron el poder se adueñaron también de la caseta de acceso de dicho balneario, e impusieron arbitrarias cuotas obligatorias para todos los que deseen ingresar. Los importes cobrados son administrados por los diabólicos sobrinos Sánchez Sansores, que en teoría utilizarían para implementar mejoras, pero hasta hoy no se ve ninguna.
¿Se estarán clavando el dinero? Lo único modernizado en San Lorenzo es la mansión de los Sansores, conocida como La Cuesta, que de la noche a la mañana recobró el esplendor que tuvo 50 años atrás. Le llegó el progreso de la mano de la 4T. Qué casualidad.
COMPLICIDAD CRIMINAL.
La columna Templo Mayor publicada en Reforma el pasado jueves también comenta del problema de ingobernabilidad que persiste en Campeche por la terquedad de la gobernadora Layda Sansores para mantener al frente de la policía a la criminal comandanta Marcela Muñoz. Reproducimos textualmente:
“La que sigue sin poder controlar la crisis en su Estado es la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores. Las protestas en contra de su Gobierno, de parte de los cuerpos policiacos siguen, al grado de que ya van tres marchas que se realizan.
El colmo es que Sansores ha tratado de minimizar el asunto, luego ofreció cumplir la mayoría de las demandas de los policías, se inventó que ya había llegado a un acuerdo con ellos, cosa que resultó falsa.
A la mandataria de plano, ya hasta se le quitó la sonrisa y al presidente Andrés Manuel López Obrador no le quedó de otra más que tratar de rescatarla, exhortando a los agentes a finalizar sus protestas y, claro, culpando a la oposición de “mano negra”.
El punto, sin embargo, es que la crisis en Campeche estalló por las malas condiciones de vida de los policías estatales y el abuso a sus derechos humanos, especialmente a mujeres policías que fueron enviadas a una cárcel varonil a tratar de aplacar un motín… ¡y las dejaron solas! Pese a las evidencias, Sansores se niega a destituir a la titular de Seguridad Pública y prefiere seguirla solapando.”
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