Como “enemigos de la paz y de la democracia” llamó la gobernadora de Campeche a los mil 200 policías sublevados, y a los miles y miles de ciudadanos campechanos que los respaldan, y que quieren que Marcela Muñoz Martínez se vaya de Campeche.
Y más que acto de sinceridad, que califique como “enemigos” a quienes no piensan como ella, que no tienen los mismos afectos, sentimientos ni creencias partidistas, es una muestra de su intolerancia política, de su aversión a la pluralidad, de su autoritarismo, del enorme rencor que anida en su corazón, y otra prueba de que la señora Sansores no está bien de sus facultades mentales. Tampoco quienes la asesoran y la empujan a cometer esas estupideces.
Recurrir al chantaje vil, al sentimentalismo ramplón de querer victimizar a Marcela Muñoz para implorar la solidaridad de los miembros del gabinete y al respaldo ciudadano, es también un acto de desesperación. Confirma una vez más que Layda Elena se ha metido ella solita a un callejón sin salida e ingresó a un profundo foso en donde cada vez que cava se hunde más, pensando que va saliendo.
Está totalmente perdida la gobernadora y su situación causa pena en el conglomerado social campechano, que no atina a explicarse ni a entender cómo es que una persona que luchó casi un cuarto de siglo para alcanzar la meta que tanto anhelaba, se arriesgue a perder todo lo que ha conseguido tan sólo por el capricho de proteger a una mujer que, evidentemente, ha sido incapaz, inepta e irresponsable en el desempeño de su cargo.
Ya debe saber la gobernadora que ningún campechano se tragó el cuento de las “narcomantas” en que un cartel delictivo supuestamente amenazó de muerte a Marcela Muñoz. Todos tenemos entendido que entre cómplices se protegen, por lo que la legitimidad de ese mamotreto es nula, pero les ha servido para justificar ese desplegado firmado por la gobernadora y sus empleados del gabinete, en que se “solidarizan” con la guanajuatense.
Dice la gobernadora que Marcela enfrenta “permanentes hostigamientos, noticias falsas, ataques en las redes sociales, calumnias, descalificaciones y ahora incluso amenazas de muerte”. Nosotros entendemos que es parte del desempeño público de todos los jefes policiacos del país. No hay uno que libre ese tipo de situaciones, y si Marcela no lo aguanta, qué más razón para aceptarle su renuncia.
En caso de que sea cierto que la amenazaron de muerte —ningún campechano bien nacido se lo cree—, que renuncie y se vaya a su casa. Allá estará segura y podrá disfrutar de todo el dinero que le ha robado a los campechanos.
Que se vaya pronto. Y que le vaya bien.
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