La sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es contundente: la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, su vocero Walther Patrón Bacab, el director de Televisora y Radio de Campeche (TRC) y el presidente estatal de Morena, Erick Reyes León incurrieron en violencia política y sus nombres deben estar inscritos en el padrón nacional de agresores y violentadores de mujeres.
En su defensa, la gobernanta senecta seguramente que alegará que no es la última instancia en resolver, y dirá que va acudir a la Sala Superior del TEPJF para impugnar el resolutivo, o bien acusará que los magistrados que resolvieron en su contra son corruptos, o que están en la nómina de Alito, o que pertenecen al PRIAN o que son hijos del averno. Lo que sea, con tal de desacreditar el resolutivo judicial que una vez más confirma que tenemos una mujer “gobernando” Campeche, que no respeta a las mujeres.
Un contrasentido, una paradoja, una incongruencia más de quien se dice defensora de los derechos de las mujeres, pero que cínicamente cada semana despotrica contra las de su género que se encuentran en la policía, a quienes no solo suspendió el pago de sus salarios, sino también despojó de sus herramientas de trabajo, en una actitud cobarde y traicionera con sus ofrecimientos iniciales de que no habría represalias para nadie.
Sobre el resolutivo de la Sala Regional del TEPJF hay que decir que ubica en su lugar a la mandataria y a su bola de arrastrados que co-gobiernan con ella.
Que incurren en abusos y excesos todos los días del año, y que cínicamente se niegan a sujetarse al Estado de Derecho que debe regir este país, pero que a raíz de la llegada de la 4T al país y a Campeche, han roto con el compromiso jurado ante las Cámaras de Legisladores, de respetar y hacer respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ellas deriven.
Para estos gobiernos cuatroteístas la ley solo se aplica cuando los beneficia a ellos y cuando perjudica a sus enemigos, y por ello pretenden apoderarse de todo el Poder Judicial, para que las sentencias siempre les sean favorables, y siempre dejen en la indefensión a los adversarios.
Por lo pronto sin embargo, el Estado de Derecho prevalece y esperamos con ansias que el Poder Judicial aplique todas las sanciones habidas y por haber en contra de esos violentadores de género —empezando por la Gobernadora— que no solo han sido reincidentes sino que frecuentemente incurren en desacato.
Hay que sentar precedentes. Hay que aplicarles todo el peso de la ley.
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