EXPEDIENTE | LAYDA: MÁS PRETEXTOS PARA REPRIMIR

Esta semana se demostró una vez más que la perversa, corrupta, soberbia y autoritaria gobernadora Layda Elena Sansores San Román, está obsesionada con encarcelar a los siete policías que han encabezado la rebelión desde el pasado 16 de abril.

Layda Elena nunca le va perdonar al agente Rodolfo Benjamín Uc Ku, que le haya hablado al tú por tú el día que la casi octogenaria mandataria acudió a dialogar por primera vez con los sublevados en las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC).

Ese día, el policía Uc Ku le detalló a la corrupta mandataria las razones del movimiento de los agentes. Y le puntualizó que la salida de la secretaria Marcela Muñoz Martínez era innegociable. Si no era cesada, la protesta no terminaría.

Han sido el agente Rodolfo Benjamín, al igual que el comandante José Alejandro Grajales Chab, las voces autorizadas para hablar a nombre de los 945 elementos sublevados. En la Ciudad de México, explicaron con precisión las causas de la protesta y volvieron a dejar en claro que si no se va Marcela, el conflicto se mantendrá por tiempo indefinido.

Tanto Grajales Chab como Uc Ku han sido difamados incansablemente por la gobernadora. Los acusa de ser corruptos, de negarse a usar las cámaras body cam, de haberse enriquecido cuando fueron comandantes municipales, de ser extorsionadores y acosadores sexuales, etcétera. Todo, sin ninguna prueba.

La visceral Layda Elena no soporta que dos campechanos valientes, junto con otros 900 elementos, la hayan desenmascarado con tanta crudeza y propiciado con su movimiento, que esta Administración Estatal se encuentre en medio de grave crisis.

Por eso es que  Rodolfo Benjamín, al igual que José Alejandro Grajales, Andoreni Clayderman Rivera Casanova, María Candelaria Castillo Pérez, Emmanuel Aguirre Cab, Ángel Atilano Estrada Maldonado y Martín Adán Naal Uicab, hayan sido los primeros en ser cesados “de manera definitiva”, con lo que violentaron el amparo que los protegía de ese tipo de sanciones. Layda los quiere aniquilar, desaparecer, o por lo menos encarcelar.

Por eso es que esta semana, el delicadito de finos modales Juan Pedro Alcudia Vázquez, “consejero jurídico” de la gobernadora, se encargó de bajar un ratito de sus confortables oficinas, para buscar a los medios de información, ante quienes “argumentó con base en la ley”, que esos siete policías no debieron haber viajado a la Ciudad de México a Palacio Nacional, a las cámaras de Diputados y Senadores, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a los estudios de los principales noticieros del país a denunciar las irregularidades que acontecen en la SPSC.

Los siete policías campechanos cometieron el gravísimo delito de haber portado el uniforme con las insignias oficiales de esa corporación, por lo que deberán sufrir el castigo que es de cuatro años de cárcel. Recáspita. Caracoles. Nada dice, sin embargo, de las “insignias” patito que presume en sus uniformes la guanajuatense Marcela Muñoz, sin haberse ganado ninguna por trayectoria, méritos o años de servicio.

Tampoco comentó algo sobre el hecho de que Antonio Saradam Solís Santiago, quien supuestamente fue suspendido a raíz del fallido operativo en el penal de San Francisco Kobén, sigue portando el uniforme, desempeñando funciones como director de la Policía Estatal Preventiva y firmando a oficiales con el cargo que supuestamente le fue retirado. ¿Dos pesas y dos medidas en la aplicación de la ley? Eso se llama arbitrariedad y autoritarismo.

No dudamos que el fiscal Renato Sales Heredia y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la yucateca Virginia Leticia Lizama Centurión, estén trabajando a marchas forzadas para integrar los expedientes respectivos para liberar las órdenes de aprehensión correspondientes, para encarcelar a los siete voceros del movimiento de rebelión de los policías.

Así opera la arbitraria gobernadora Layda Elena Sansores San Román, quien se ha quitado la máscara, el disfraz de blanca corderita luchadora por los derechos civiles, la democracia, la pluralidad, el diálogo y la conciliación, y ha sacado su rostro descarnado de represora, violentadora de la ley, violadora de los derechos humanos, arbitraria, prepotente y cínica que no duda en pasar por sobre la dignidad y los derechos de 945 elementos rebeldes, por defender a la inepta, corrupta, negligente y soberbia Marcela Muñoz Martínez.

Pero vivimos en un Estado de Derecho y en este conflicto que se ha prolongado innecesariamente, aún no se dice la última palabra. Y todo apunta a que a nuestros policías inconformes no se les va conceder la razón. Aquí el quid y el reto a los campechanos.