EXPEDIENTE | MALAS E INSEGURAS CARRETERAS

De toda la geografía estatal proceden quejas y denuncias del mal estado y la inseguridad en que se encuentran las carreteras federales y los caminos estatales. Las exigencias a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román para que las atienda, no aportaron resultados. Se estrellaron contra una vieja, terca y sorda roca.

“El Gobierno de Todos… los Sansores”, como moteja el populacho el eslogan de la actual Administración, no tiene respuesta a la preocupación, con tendencia de exigencia a la protesta, a la demanda, fundamentalmente del sector rural, de que le presten atención a los riesgos personales y patrimoniales que enfrentan por la situación en que se encuentran las vías de comunicación.

Los eventos sangrientos, sintetizados en enfrentamientos entre sicarios, policías y militares y el hallazgo de osamentas en fosas clandestinas, han acelerado la preocupación en poblaciones de los Municipios de Champotón, Hopelchén y Campeche, independientemente del temor que padecen desde hace meses los habitantes de Candelaria, Carmen, Calakmul y Escárcega.

Ariel Jesús Poot Ramos, líder de la Asociación de Conductores y Operadores Cheneros, advierte que la paciencia se les agota, ante los peligros que enfrentan por la presencia de gente sospechosa y armada en los sitios por los que transitan. Muchos socios de esa organización han padecido asaltos, amenazas y advertencias.

Las denuncias a las autoridades policiacas o ministeriales van al cesto de la basura, porque no se observa ningún operativo que desaliente a los delincuentes. No existe una estrategia sobre la problemática, y menos comunicación con los afectados.

Esa verdad llevó a emprender acciones para despertar a los responsables de la seguridad de la entidad. Les asiste la razón a los que protestan. Llevan meses apuntando la problemática de sus regiones, con la mojiganga o toninada justificación de las autoridades, encabezadas por la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, de que somos el Estado más seguro del país.

Fuimos. Sí, porque aquí y en esas otras entidades del país se permitió el crecimiento de la delincuencia. ¿Cuál es su estrategia? ¿Es la premisa de Andrés Manuel López Obrador de abrazos no balazos, la que también prevalece aquí?

La teoría justificatoria de la criminalidad en la entidad de Layda Elena, Marcela y Renatito, es que vamos bien porque la criminalidad en otras entidades es mayor y por lo tanto peor. ¿Y…? O sea, que aportamos poco a la rifa, y por eso no nos caen premios mayores. ¿Así es?

Pero aún más, la casi totalidad de los caminos rurales del Estado se encuentran en condiciones muy lastimeras. Y pese a la insistencia de los habitantes de las comunidades, no hay respuesta que cuando menos lleve a abrigar esperanzas de que serán atendidos. Recientemente lo aclaró la titular de Obras Públicas.

Un ejemplo es simple. Habitantes de comunidades limítrofes con Quintana Roo buscan la protección de la justicia federal para exigir al Gobierno del Estado que ordene la reconstrucción de 33 poblaciones que comunican a Campeche con ese polo turístico.

Es pésimo, casi intransitable el camino que va de San Antonio Soda hasta el Cibalito. La distancia es de unos cien kilómetros, y prácticamente hay que circular a vuelta de rueda, ralentizada, con el retraso que eso significa para los que se aventuran por esa vía. Lo de la inseguridad es asunto aparte. Y grave también.

Pero aún hay más en esa olvidada región. El Comité de Gestión obtuvo amparo para dotar de agua potable a San Antonio Soda y a otras 12 comunidades. La región, así, carece de seguridad en las carreteras, que se encuentran en mal estado, es notable la escasez de agua y son deficientes o casi nulos los servicios de salud y educación.
Hay que acotar. La región de Calakmul es el infierno para sus habitantes. Lo peor es que no están en la agenda de atención del Gobierno de Layda Elena Sansores San Román. ¿Está claro? ¿Quedará alguna duda a sus habitantes ahora que comprobaron el fraude que les hicieron con el acueducto recién inaugurado por López Obrador?

El reclamo por la situación en que se encuentran los caminos es generalizado. El secretario general de la Federación de Trabajadores del Carmen, Alonso Medina López, sostiene que la culpa es de los tres niveles de Gobierno. Y tiene razón.

Lo ilustra también el abandono en que permanece la carretera Carmen-Isla Aguada-Champotón, que se pierde en pedazos, sin atención y menos la posibilidad de su reparación, por carencia de gestión ante los órganos competentes.

¿A quién dirigirse y quiénes deben dirigirse si los alcaldes Pablo Gutiérrez Lazarus y Claudeth Sarricolea, y la gobernadora Layda Elena Sansores San Román no gestionan ante la Federación? ¿A quiénes corresponde intervenir?

Indudablemente que a los diputados. En el caso de los representantes del Carmen y Champotón en el Congreso del Estado, están más dedicados a la grilla en camino del futuro ante los próximos procesos electorales, que en buscar resolver las problemáticas de sus comunidades.

Aquí Medina López afirma con certeza que los carmelitas tienen a María Sierra Damián como su diputada federal. Pero por lo avanzado de su edad sólo llega al Congreso a dormir. En las mismas condiciones se encuentra la gobernadora. Se cansa y el poco tiempo que trabaja, lo dedica a su Jaguar para satisfacer sus proyecciones políticas. Ni a quien irle.

Han fracasado en sus encomiendas y deberían renunciar e irse a sus casas, por el bien de Campeche.