Pre-dictadura

Campeche es un laboratorio de la concentración de poderes en manos de una persona. Para usar esos poderes en la aniquilación de los enemigos políticos, como ocurrió en el caso de Eliseo. Es el llamado plan “C”…

Finalmente la gobernadora Layda Elena Sansores San Román subsanó parcialmente su enfermiza obsesión contra Eliseo Fernández Montúfar: logró sacarlo de la contienda electoral, impidió que llegue al Senado de la República —porque es un hecho que la fórmula de MOCI ganará esa elección— y de paso, cortó la carrera política del polémico exalcalde campechano.

No todo ha sido mérito de la gobernadora Sansores, hay que reconocer. Su capacidad no llega a tanto. Mucho menos de los de sus asesores, en especial el Seso Loco, porque si hay algo de cierto en todo este embrollo, es que Eliseo contribuyó en gran medida con todo el ardid político-electoral que se armó en su contra.

Su gran pecado fue haberle ganado la elección a Layda Sansores. Él obtuvo más sufragios que la hoy gobernadora, quien logró obtener la mayoría gracias a su alianza con el Partido del Trabajo. Pero en riguroso análisis de la realidad,  podemos concluir que la gran mayoría de los campechanos no votó por ella.

Eliseo por su parte se ha dejado llevar por la soberbia. Con un carácter atrabancado, hizo de su Gobierno Municipal un desbarajuste en materia de transparencia y permitió que varios de sus colaboradores utilizaran el presupuesto como su botín particular. Hoy varios de ellos están pagando las consecuencias.

Pero a Eliseo no lo persiguen por sus malas cuentas financieras ni administrativas, sino porque le achacan la autoría intelectual de los asesinatos de sus excolaboradores Manuel Peña Miranda, Sergio Novelo Rosado y del atentado contra Jamile Moguel Coyoc y su pareja. No se han presentado las pruebas, los autores materiales de esos delitos están presos, y hasta ahora no se ha documentado ni en audio, video o firma autógrafa, que hayan culpado a Fernández Montúfar.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como los juzgados penales lo encontraron culpable y liberaron las órdenes de aprehensión correspondientes. Y es aquí en donde aparece el peine. El quid. La esencia del tema.

Usar a las instituciones que deben procurar justicia para armar expedientes a modo contra los adversarios políticos, es una práctica común de los regímenes totalitarios, sean de izquierda o derecha, y Campeche se ha convertido en un laboratorio ideal para eliminar a los enemigos con base en la concentración absoluta del poder. Estamos pues, en una pre-dictadura, si se nos permite el término.

Lo riesgoso es que el laboratorio campechano pretende implementarse a nivel nacional. Es el famoso “plan C” que impulsa el presidente López Obrador y que pretende secundar la candidata “C”, o sea, Claudia.

Está en peligro pues, la división de poderes que caracteriza a nuestra República. En Campeche eso ya no existe y la meta es que todo el país sea igual. Por eso la trascendencia del proceso electoral que se avecina. El arma para derrumbar esos planes absolutistas es el voto libre y secreto. Por la libertad y la autonomía de cada uno de los poderes. Ni más. Ni menos.