Viola derecho de petición

“A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”.

Ensoberbecida, sorda, arbitraria y prepotente, la gobernadora Layda Elena Sansores San Román viola una vez más las leyes que juró acatar, respetar y hacer que se respeten, al cerrar toda posibilidad de diálogo con los policías que se encuentran sublevados desde el pasado 16 de marzo.

Los uniformados acudieron al Congreso del Estado a mediados de semana a entregar un escrito con fundamento en el artículo 8 constitucional, a fin de solicitar que los diputados sean intermediarios en la restauración de las mesas de diálogo para resolver el conflicto que ya ajusta tres meses.

El artículo 8 de la Constitución señala con claridad: “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”.

Aún no sabemos qué respuesta dará el Congreso a la petición respetuosa, pacífica y por escrito de los policías campechanos, pero quien de plano se cerró a la posibilidad de restablecer las pláticas, es la inhumana e insensible gobernadora Layda Sansores, quien tampoco ha acatado el amparo que ordena normalizar el pago de sus sueldos a los policías castigados ilegalmente.

No extraña la postura cerrada y ensoberbecida de la mandataria. Se excusa en el supuesto de que en nueve ocasiones le ofreció el diálogo a los rebeldes, “pero no aceptaron para trabajar para MOCI y encubrir a delincuentes electorales”, algo que es a todas luces una más de sus calumnias.

La verdad es que Layda no quiere dialogar por negarse a aceptar la evidencia de la corrupción, la negligencia, la ineptitud y la incompetencia de su protegida, su querida Marcela. No quiere escuchar los datos contundentes para fundamentar su destitución. Prefiere protegerla y encumbrarla, cediéndole ahora el control de la Fiscalía General del Estado.

Incumple así Sansores San Román su juramento constitucional el día que rindió protesta para ocupar el cargo de gobernadora. Ni respeta, ni hace respetar la Constitución y eso, además de ser lamentable y condenable, avergüenza a quien toda su vida se ostentó como luchadora social, y quien dice que su Gobierno le da a los más pobres lo mejor, pero en los hechos se niega a escucharlos y a dialogar con ellos…