Silencio cómplice…

Vivimos una elección de Estado que logró su objetivo: mantener para el partido en el poder el control del Congreso, lo que contó sin duda alguna con la complicidad del silencio de agrupaciones empresariales…

Duras, contundentes y veraces, fueron las palabras del presidente de la Canacintra en Campeche, Sergio Pérez Barrera, al referirse a la decisión del Congreso del Estado de prorrogar la entrada en vigor de la Ley de Revocación de Mandato hasta el 2030, a fin de evitar que la gobernadora Layda Sansores sea echada del cargo antes de que concluya su periodo oficial.

“Los campechanos ya expresaron su opinión sobre la Ley de Revocación de Mandato el 2 de junio, por lo que no deberían quejarse”, expresó el líder empresarial, en una de esas frases lapidarias que duelen pero que no por eso dejan de ser lamentables.

Es cierto, los campechanos le dieron la mayoría a Morena para esta y la próxima Legislatura, de manera que “ni llorar es bueno” por lo que, como hemos escrito aquí en entregas anteriores, no podemos esperar un Congreso independiente y al servicio del pueblo. Eso de “Vox pópuli, vox Dei” (la voz del pueblo es la voz de Dios), quedará como una nueva posibilidad para la próxima elección.

Hay que precisar sin embargo que no todo fue culpa del pueblo. Las opciones partidistas que tuvimos los campechanos no fueron las mejores ciertamente. Con una oposición dividida (el PAN se fue por su lado para dividir el voto, el PRI se sometió a los caprichos de Alito, y el PRD simplemente no existe) a muchos votantes no les quedó más opción que respaldar a Movimiento Ciudadano.

Por eso, porque al final de cuentas MOCI se convirtió en la única oposición viable, el Gobierno de Layda Sansores se dedicó a torpedearlo, a difamarlo, a aniquilarlo mediante las instituciones que supuestamente debieran ser apartidistas (el Poder Judicial, la Fiscalía General y la Especializada en Combate a la Corrupción) para encarcelar a sus dirigentes o candidatos, etcétera.

Y no hay que olvidar el enorme derroche presupuestal del Gobierno de Layda Sansores para apuntalar a los candidatos morenistas y para operar el fraude electoral, lo que incluyó desde compra de votos, soborno a funcionarios de casilla, entrega de dádivas, regalos y “programas sociales”, entre otras atrocidades.

Vivimos una elección de Estado que logró el objetivo planteado: mantener para el partido en el poder el control del Congreso, lo que contó sin duda alguna con la complicidad del silencio de agrupaciones empresariales (como la Canacintra), organismos de la sociedad civil, agrupaciones ciudadanas, etcétera, que de alguna manera convalidaron  la aberrante e impúdica intromisión del Gobierno sansorista para manipular a su gusto el resultado de las votaciones.

Y es cierto: ya ni llorar es bueno, pero que nunca se pierda la esperanza de un futuro mejor…