Las ansias de luchar por el bienestar del pueblo, de encabezar sus demandas y de exigir soluciones, desaparecieron en el instante mismo que rindió protesta como gobernadora…
Al menos siete jubilados de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar) fallecieron en los últimos meses, en espera de que esa institución autorice el pago de sus emolumentos.
Literalmente murieron en la miseria, esperando cobrar una percepción por la que trabajaron toda su vida.
¿Qué ha dicho al respecto la negligente, corrupta e inhumana gobernadora Layda Elena Sansores San Román? Absolutamente nada. Ni un minuto de silencio en su memoria. Ni una mención de condolencia a sus familiares. Nada. La displicencia total. La negligencia absoluta.
Es muy probable que si la hoy senil Layda Elena se mantuviera en su faceta de luchadora social, habría instalado un campamento permanente en los alrededores de la Rectoría de la Unacar, hasta lograr que las autoridades universitarias, o el Gobierno del Estado, encontraran alguna partida adicional para saldar los adeudos, y sanear también las finanzas de esa institución, a fin de que los pagos se regularicen y no tengan que andar pidiendo limosnas.
Pero no. Las ansias de luchar por el bienestar del pueblo, de encabezar sus demandas más sentidas, y de exigir soluciones, desaparecieron en el instante mismo que la autoritaria mandataria rindió protesta como gobernadora de Campeche. Desde el pasado 15 de septiembre de 2021, una vez que logró la obsesión por la que había luchado toda su vida, Layda Elena colgó los guantes. Dejó de luchar.
Para los jubilados y pensionados de la Unacar no ha habido la atención debida. En su afán de defender a Sandra Laffon, la rectora que les impuso, Layda Elena cerró ojos y oídos a sus reclamos, y por eso llevan más de tres meses sin cobrar y están a punto de ajustar cuatro.
¿De qué han vivido desde entonces? Eso a Layda no le interesa. Mucho menos que siete de esas personas, en su mayoría de la tercera edad, hayan muerto en medio de la desesperanza, la frustración, el enojo, el coraje y tal vez muy probablemente hasta de hambre.
Este Gobierno insensible, inhumano no los voltea a ver. Si autorizó que 96 policías que exigían justicia, fueran despedidos arbitrariamente, entre ellos más de 20 mujeres, con lo que dejaron en el desamparo a 96 familias, (y a por lo menos 300 personas más que dependían de ellos), menos les va importar los que dedicaron toda su vida a trabajar para la Unacar.
Y sí, hay negligencias que matan.
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