La peor Fiscalía

No hay suficiente combustible para la operatividad de los vehículos ni dinero para que funcionen las copiadoras, por lo que el ciudadano que acude a denunciar es el que tiene que hacer esos gastos…

Otro de los flancos débiles de esta ineficiente, inútil y corrupta administración laydista, es el de la procuración de justicia, la cual se encuentra politizada, y utilizada exclusivamente para la satisfacción de los deseos de venganza de la senecta gobernadora Layda Elena Sansores San Román.

En algún momento, y en alguna de sus ocurrencias, el entonces fiscal Renato Sales Heredia hablaba de crear una “policía científica”, es decir, que pueda recurrir eficazmente a las herramientas que la ciencia proporciona para resolver con mayor celeridad y precisión los crímenes. También proponía crear una “licenciatura en ciencias policiales” a fin de contar con elementos más capacitados.

La realidad es que ya ocupó dos veces en diferentes gobiernos la titularidad de esa Fiscalía y fue nulo el avance en la capacitación de los policías ministeriales, por lo que siguen siendo deficientes los resultados que ofreció y tal vez por eso renunció.

Hay que admitir que no todo es culpa de Renato. La gobernadora Layda Sansores no apoyó en mucho a la modernización de la Fiscalía General del Estado. Al contrario, los recortes presupuestales han sido el sello común en esta administración, lo que impacta en la prestación de los servicios pues, por ejemplo, no hay suficiente combustible para la operatividad de los vehículos y ya no hay ni dinero para que funcionen las copiadoras, por lo que el ciudadano que acude a denunciar es el que tiene que hacer esos gastos. Grave retroceso pues.

A eso hay que sumarle la corrupción que se ha mantenido en esa instancia. Sea en su versión como Procuraduría General de Justicia o como Fiscalía General del Estado, la pudrición se ha mantenido en su interior. Circula en redes sociales una denuncia que señala textualmente que: “Desde el inicio de actual sexenio, a los ministeriales les quitaron poco a poco apoyos, como los 400 de viáticos quincenales para comida y ahora la reparación y servicio a las unidades no hay, lo cual tienen que  hacer ellos, de lo contrario los mandan a Control Interno donde Arturo Bravo, hijo de Marcela, les da de baja”.

“Además, no hay oportunidad para alcanzar un grado por desempeño, pues sólo son beneficiados quienes acceden a favores sexuales (en el caso de las mujeres) y llevan cuota semanal (varones). No hay oportunidad de crecer, sólo aumentó la corrupción”.

Ni el fiscal Jackson Villacíis Rosado ni la gobernadora Layda Sansores han respondido a esos gravísimos y preocupantes señalamientos. Sea por complicidad, por ineptitud o por negligencia, lo cierto es que las cosas no están bien en la Fiscalía y las lamentables consecuencias las seguimos pagando los campechanos.