Tras el anuncio de la gobernadora Layda sobre la introducción de camiones chinos, el IET pretende ajustar las tarifas del transporte público alegando que es necesario por el aumento del salario mínimo y la inflación, lo cual es cuestionable.
Además, la revelación del director del órgano rector transportista, Íñigo Yáñez Avilés, de que la aprobación del ajuste depende de la gobernadora Layda Sansores, genera dudas sobre la transparencia de la medida.
Asimismo, la exigencia de modernizar 300 unidades para renovar las concesiones a los transportistas parece más una táctica para justificar la introducción de los nuevos camiones chinos, que una verdadera necesidad de mejorar el servicio.
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