EXPEDIENTE | DIPUTADOS CONSUMAN OTRA TRAICIÓN

La soberbia y la actitud dictatorial de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román privó a los campechanos de la posibilidad de que se invirtieran cinco mil millones de pesos de recursos federales para mejorar el sistema de distribución de agua potable de esta capital, con lo que se hubiera resuelto un problema de varias décadas, sino que ordenó a sus lacayos diputados y sus serviles aliados, que legislaran sobre una opaca, confusa y proclive al chanchullo “Ley de Obra Pública de Interés Estatal de Gran Impacto”.

En el fondo, lo único que la senecta Sansores San Román hizo, fue aprovechar el espejismo de una obra faraónica y evidentemente inútil, como será el Tren Ligero, para poner un pie encima de las autoridades municipales de la entidad, pero principalmente en contra del Ayuntamiento de Campeche, para que ya no tengan que pedirle permiso para realizar “sus” obras públicas.

Es un gran dilema ciertamente, no sólo porque la ley en cita, aprobada precisamente en los primeros días del mes que recientemente terminó, por los arrastrados diputados morenistas y sus sirvientes aliados del PAN e “independientes”, seguramente será revocada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su carácter de violatorio de la autoridad municipal, sino porque no hay en el horizonte alguna “obra pública” que realice el Gobierno de Sansores San Román, que requiera de una autorización exprés, como la que se reclama para el caso del Tren Ligero.

Vaya, esta Administración Estatal carece de obra pública. Sólo se ha dedicado a mal bachear algunas calles en esta capital y una que otra cabecera municipal, o repinta edificios ya construidos o repara obras ya realizadas, como el malecón de la capital, o rehabilita casonas con recursos federales, para lo cual no se requiere de mucha tramitología.

En tal sentido, pudiéramos pensar que la “Ley de Obra Pública de Interés Estatal de Gran Impacto”, tendrá una dedicatoria exclusiva para el Tren Ligero, pero la verdad es que tampoco es así.

Al revés, es ahora, cuando esta Administración Estatal inicia su inexorable declive desde el 8 de agosto, cuando también se vea en la necesidad de “tapar el ojo al macho” y necesite hacer inversiones y obra pública, a fin de que el ciudadano común vea que “sí ha trabajado Layda”, y que por tanto, sí deberían votar otra vez por su partido, en los comicios para renovar la gubernatura.

Además, esas obras, que seguramente serán financiadas también con recursos federales, o que se hagan con una mezcla que incluya aportación estatal, podrán ser asignadas por el comisionista particular de la gobernadora, que es su sobrino Seso Loco, sin el cumplimiento de los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas, ya que las mismas serían consideradas como “de Interés Estatal de Alto Impacto”.

Por tanto, podrán ser adjudicadas al criterio muy particular del Gobierno del Estado, o que en castellano simple quiere decir que se ajustarán a los intereses pecuniarios del orgullo del nepotismo de Sansores San Román.

Lo peor es que estamos ante una doble traición por parte de “nuestros” diputados morenistas y sus corruptos aliados. Primero, por ponerse de manera incondicional a la orden de la senecta y corrupta gobernadora, sin cumplir con su función de ser contrapeso del Poder Ejecutivo, y segundo porque no ponderaron la viabilidad de destinar esos cuatro o cinco mil millones de pesos para obras de infraestructura hidráulica tan indispensables para nuestra capital.

Los empresarios y una buena parte del pueblo propusieron la posibilidad de invertir en cuestiones de agua potable para nuestra ciudad capital, pero nuevamente hubo oídos sordos de la gobernadora, y con ella de sus serviles diputados, con lo que traicionan otra vez a los campechanos, que no se verán beneficiados ni con el inútil Tren Ligero, que no será más que un elefante blanco, ni se dio posibilidad de que constructoras campechanas participaran en esa obra para que al menos la derrama se quede entre nosotros.

El Gobierno cerrado y autoritario de Layda Sansores no entiende razones ni argumentos, sólo ejerce el poder a base de manotazos y con la prepotente imposición de su mayoría legislativa, para adecuar las leyes conforme a sus perversos y corruptos intereses.