EXPEDIENTÉ | ¿NARCOGOBIERNOS MORENISTAS?

A la declaración escrita y jurada ante un juez federal de los Estados Unidos por parte de Mario Ismael Zambada García, alias “El Mayo Zambada”, en que se describe como amigo, confidente y asesor del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la respuesta del oficialismo mexicano ha sido el del clásico “se trata de un complot”.

Es decir, López Obrador, Rocha Moya y hasta la propia gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, se asumieron como víctimas de una campaña para descarrilar a esta infuncional 4T que, a seis años de su instauración, ha resultado un reverendo y rotundo fracaso. Consideran que sus enemigos presionaron a “El Mayo” para que sostenga las afirmaciones contenidas en su carta.

La verdad es que estamos presenciando un momento histórico para el país. No sólo por la aprehensión del narcotraficante más buscado en todo el mundo, del capo más importante de toda la delincuencia organizada nacional e internacional, y de uno de los hombres que más fortuna ha hecho por el tráfico de enervantes, sino por todas las secuelas que ese hecho traerá.

Si bien la declaración de “El Mayo” en el sentido de que el día de su aprehensión fue invitado a una reunión a la casa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para resolver un diferendo en cuanto a la designación del nuevo rector de la Universidad de esa entidad, lo que realmente ha causado asombro es la relación del mandatario sinaloense con el narco.

En una charla con el periodista Salvador García Soto, Rocha Moya  declaró: “No nos hagamos pendejos. Aquí todo mundo sabe cómo está la cosa. Yo fui y hablé con ellos, los conozco porque soy de Badiraguato. Y yo fui a pedirles su apoyo. Quien te diga que quiere gobernar Sinaloa y no tiene el visto bueno de ellos, te miente. Así es la cosa aquí, para qué nos hacemos pendejos”.

Hasta el momento el gobernador de Sinaloa no ha desmentido al periodista García Soto, pese a la contundencia de sus dichos que, involuntariamente confirmaron su relación clandestina, pero frecuente con “El Mayo” Zambada, quien describe en su carta que uno de sus escoltas era nada más y nada menos que José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y quien hasta la fecha se encuentra desaparecido.

Hay otras historias acerca de las relaciones de Rocha Moya con los grupos delincuenciales. El periodista Jorge Meléndez escribió: “Lo de la reunión con el gobernador Rocha y Cuén es verosímil. Hace algunas semanas escribimos aquí que luego del secuestro de 100 personas, porque les habían robado 20 millones de dólares a Los Chapitos, el propio gobernador Rocha pidió una reunión con Iván Archivaldo (el verdadero jefe del grupo y con quien El Mayo suponía, dice en su carta, que se iba a reunir). 

“Dicen que fue el propio gobernador Rocha… el que se comunicó con Iván Archivaldo para que regresara lo más pronto posible a las mujeres y los niños porque el tema se había convertido en un escándalo nacional. El que organizó el encuentro, según fuentes sinaloenses, fue el tesorero del Estado, Enrique Díaz, que es el que mantiene el contacto directo del Gobierno Estatal con los hijos de El Chapo. Díaz, además, es muy cercano al subsecretario de Egresos federal, Juan Pablo de Botton. La reunión entre el gobernador y Los Chapitos se dio en la casa de Díaz, en el Fraccionamiento Álamos, propiedad de la familia Coppel. En la reunión se decidió liberar a los familiares y liquidar a los directamente involucrados en el robo del dinero de Iván Archivaldo. Ésos son los desaparecidos que no regresaron”.

Y continúa: “Como parte del acuerdo para la liberación de los secuestrados se le entregó a Los Chapitos el control de las juntas de agua potable (un instrumento poderosísimo en el Estado), particularmente las de Mazatlán, Culiacán, Salvador Alvarado y los módulos de riego del centro y el norte del Estado. Los Chapitos fueron quienes hicieron las designaciones que fueron confirmadas por el Gobierno Estatal. En contraparte, como ya había ocurrido en 2021, la organización criminal se comprometió a involucrarse de lleno en la elección del 2 de junio. Por lo tanto, se supone que las reuniones de autoridades locales con capos del Cártel de Sinaloa era algo que ocurría con regularidad”.

Habiendo tantos elementos que confirman la existencia de un narcogobierno morenista, es de suponer que las autoridades estadunidenses van a abundar en las pesquisas y precisar hasta dónde están metidas las manos de los narcotraficantes en esa y otras entidades del país gobernadas por Morena. Y es aquí donde pudiera aparecer Campeche, al que se anota como uno de los Estados que han sido beneficiados con dinero de esos grupos delincuenciales para sus campañas electorales y en donde todo el aparato de seguridad está en manos inamovibles, según hemos constatado. ¿Formará parte de los acuerdos secretos?

Seguiremos con el tema.