Someter a las instituciones

Ni la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, ni un actuario judicial de una instancia federal, pudieron localizar el pasado martes, a los tres “desaparecidos políticos” del momento…

El pasado martes, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), Ligia Nicte Ha Rodríguez Mejía, la obligaron a hacer otro de esos ridículos públicos a que nos tiene acostumbrados.

En una poco creíble preocupación por el paradero del doctor Francisco Daniel Barreda Puga, de su hijo el senador Daniel Barreda Pavón, y del diputado local mocista Paul Alfredo Arce Ontiveros, la presidenta de la Codhecam “visitó” las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche y de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, con resultados negativos. Por ninguna parte estaban los “desaparecidos” políticos del momento.

Fueron los medios de información los que dieron a conocer oportunamente que los tres personajes estaban compareciendo en la Sala de Juicios Orales, a donde dos de ellos —Barreda Puga y Arce Ontiveros— fueron conducidos en condiciones por demás sospechosas.

Tuvo que arribar una delegación de legisladores federales de Movimiento Ciudadano, la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, y el secretario general del CEN  de MOCI, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, para que finalmente, luego de varias horas de búsqueda, confirmaran que, en efecto, los tres se encontraban en audiencia judicial.

Pero hasta allá no se presentó Rodríguez Mejía. Supuso que el ridículo público al que obligaron a hacer a la Codhecam había terminado, y se retiró de escena. En su lugar apareció el actuario judicial del Juzgado Primero de Distrito, Gonzalo Novelo Pérez, para ingresar a la Sala de Juicios Orales —de donde están permanente vetados los periodistas— quien, después de realizar una “revisión exhaustiva” salió a declarar que no, que ahí no se encontraban ninguno de los tres mocistas.

El actuario Novelo Pérez mintió públicamente con alevosía y ventaja. Tal vez obedeció a alguna instrucción de la soberbia y mentirosa gobernadora Layda Sansores, para ocultar la realidad de los hechos, y con ello demostró el peligro que representa para la ciudadanía el que las instituciones —Codhecam y Juzgado Primero de Distrito— estén sometidas al poder público.

Es una probadita, podemos asegurar ahora, de lo que nos espera a todos los ciudadanos, cuando los poderes estén concentrados en una sola persona. No habrá ni desaparecidos, ni levantados, ni ejecutados que aparezcan, si con ello se contraría un capricho del gobernante en turno. 

Estamos a un paso de perder nuestros derechos y garantías individuales. La ‘razón de Estado’, siempre se pondrá por encima del ciudadano. Al tiempo.