Siguen los caprichos de la corrupta gobernadora Layda Sansores San Román, para conferirle más atribuciones, recursos, personal y en suma, más poder a su amada Marcela Muñoz…
No ha podido la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, ni siquiera corregir los semáforos que no funcionan en las avenidas Gobernadores, Francisco I. Madero (La Ría), Ley Federal de Reforma Agraria (Central), ni la Circuito Baluartes, y su amada gobernadora, la corrupta e inepta Layda Sansores San Román, ya le confirió más atribuciones y facultades, como por ejemplo, el control del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Gracias a una reforma a la Ley de Seguridad Pública Estatal aprobada fast track por los diputados serviles de la LXIV Legislatura, la guanajuatense tendrá más recursos humanos y financieros a su disposición, y lo peor es que pasarán a su manejo diversas organismos técnicos de apoyo.
Entre esos organismos está el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, que, como su nombre lo indica, es la encargada de decidir quiénes de los elementos policiacos, los agentes ministeriales y también los celadores de los reclusorios, son aptos para el ejercicio de ese cargo, y quiénes no.
Conociendo la arbitraria manera como la corrupta Muñoz Martínez toma sus decisiones, podemos suponer que los diputados, acatando las órdenes de la nefasta gobernadora Layda Sansores, pusieron en sus manos todo el aparato policiaco de la entidad y le afilaron los dientes para que finalmente pueda controlar en su totalidad la Fiscalía General del Estado. Los agentes que no se plieguen a sus caprichos, sencillamente no podrán aprobar los exámenes de control de confianza, y por consecuencia, serán cesados.
Pero el Consejo Estatal de Seguridad Pública tiene otras atribuciones todavía, más fundamentales para que nuestro Estado pueda ir recuperando paulatinamente su rango, de uno de los más seguros del país, que perdimos precisamente por las torpezas e ineficiencias de la señora Muñoz Martínez, de manera que, como el perro de Garfield, estaremos dando vueltas tratando de mordernos la cola, sin avanzar a ningún lado.
No resulta inexplicable darle más poder a una funcionaria que no funciona. Al contrario, nos explica con claridad el porqué la ha mantenido en el cargo a pesar de sus evidentes muestras de ineptitud, y del abierto repudio que le prodigan no sólo los elementos a su servicio, sino un amplio sector de la ciudadanía campechana: primero están los compromisos con la delincuencia organizada, y después garantizar la seguridad al pueblo.
No hay otra explicación. Porque si hubiera congruencia, Marcela hace tiempo que hubiera empacado sus maletas para regresarse a su tierra junto con su pandilla de foráneos y los capos a los que sirve.
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