Grupos armados

Alerta el obispo José Francisco González sobre el aumento de la delincuencia en la entidad y la presencia de grupos armados. ¿Lo va desmentir la senecta, inepta y mentirosa gobernadora?

Poco se ha hablado sobre el tráfico de armas en Campeche. No hay cifras que nos indiquen cuántos campechanos poseen algún artículo de ese tipo, de qué tipo de calibres se trata, y el uso que se les da, según el registro tramitado ante la Secretaría de la Defensa Nacional. De las armas de posesión clandestina, mejor ni hablemos.

Lo que sí vemos son las consecuencias de este creciente armamentismo en Campeche. Ejecuciones al estilo sicarial, asaltos a establecimientos comerciales con armas de fuego, atentados a balazos en viviendas y negocios, y presencia, en zonas “riesgosas” de la entidad, de grupos fuertemente armados que cometen todo tipo de delitos.

No hay manera de exigirle a la inepta secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, que informe si ha decomisado o no armas de fuego en los retenes que instala en las zonas urbanas de la entidad. Y no se lo podemos exigir porque su prioridad no es combatir a la delincuencia, si no imponer multas para incrementar la recaudación estatal.

Tampoco podemos saber si en los retenes foráneos han asegurado armas de fuego, porque tales filtros de revisión y seguridad ya no existen. Fueron eliminados, precisamente para facilitar el ingreso de armas, indocumentados y todo tipo de producto ilegal.

El más reciente decomiso de armas en Campeche ocurrió en Palizada el pasado 3 de julio. Nunca nos precisaron en qué consistió el “arsenal” incautado, y aunque lo presumieron como un logro de la policía de Marcela, después se confirmó que todo fue resultado de un operativo efectuado por elementos policiacos de Tabasco, en que no tuvieron participación los “Marcelos”.

Sirva esta introducción para alertar sobre la más reciente denuncia del obispo campechano José Francisco González González, sobre el alarmante aumento de la violencia y denunció un caso reciente en el que un sacerdote de la Diócesis de Campeche fue amenazado de muerte por hombres armados mientras se dirigía a oficiar misa en la zona de los Chenes, aunque afortunadamente el suceso no pasó a mayores.

Tal vez la anciana gobernadora Layda Sansores intente desmentir esa denuncia otorgándole al obispo un “Pinocho de oro”, y creyendo que así ya resolvió el problema. Pero sin duda alguna que la palabra de ese jerarca religioso tiene mucho peso. Él dispone de un diagnóstico, de una radiografía, de información real sobre  lo que acontece en el Estado —la Diócesis— que a lo mejor le ocultan a la senecta mandataria. Y la existencia de grupos armados es uno de esos temas.

Con el antecedente de que a la inepta y torpe gobernadora no le gusta solucionar problemas, sino darles largas, evadirlos, hacer como que no los ve, o catalogarlos como “mentiras de los chayoteros”, lo pronosticable es que este problema siga creciendo hasta que rebase a las autoridades. Y entonces se quiera tapar el pozo. Como estila la negligente Layda Elena.