EXPEDIENTE | DIPUTADOS HIPÓCRITAS DE MORENA

En un afán de desviar la atención de los campechanos respecto del Gobierno fallido que encabeza la corrupta y vengativa Layda Elena Sansores San Román, los diputados morenistas y sus aliados, ahora intentan vulnerar la autonomía de los municipios gobernados por Movimiento Ciudadano, utilizando como puntas de lanza a presuntos trabajadores despedidos.

Hay que hacer notar la nada extraña coincidencia, de que casi al mismo tiempo que los trabajadores del Municipio de Campeche que están en plantón desde hace varios meses frente a la sede del Ayuntamiento, decidieron cerrar los accesos al edificio municipal y algunas vialidades, en el Congreso del Estado, los legisladores morenistas arreciaron las críticas contra la alcaldesa Biby Rabelo.

Lo primero que se sospecha ante esa serie de “coincidencias” es que hay colusión, complicidad o coordinación para tratar de desestabilizar a los gobiernos municipales que no sean de color guinda. La narrativa del discurso es la misma, acusándolos de ser “gobiernos insensibles”, “autoritarios”, “cerrados al diálogo”, etcétera, cuando que ni el pastor morenista Antonio Jiménez, ni alguno de sus mozos de estoque que hoy defienden a trabajadores sin empleo, movieron un dedo a favor de casi 200 policías que fueron despedidos de manera arbitraria, y sin que reciban las liquidaciones que por justicia les corresponde.

Y en el caso de Hecelchakán, donde unilateralmente, los diputados morenistas están tratando de obligar al alcalde mocista Cebastian Yam que contrate a 120 trabajadores eventuales, hay que observar que de manera mañosa y burda, esos mismos legisladores evitan mencionar que esas plazas fueron vendidas por el corrupto dirigente del sindicato de los Tres Poderes José del Carmen Urueta Moha, a razón de 25 mil pesos por persona.

Es decir, Urueta Moha y el ahora exalcalde hecelchakanense José Dolores Brito Pech se embolsaron al menos tres millones de pesos al venderles falsas esperanzas a esos jefes de familia que justamente buscaban darle solidez a sus puestos de trabajo, pero quienes se dejaron engañar de manera tonta.

¿Recibió el coordinador de los diputados morenistas Antonio Jiménez alguna tajada de ese recurso como para que se haya convertido en el principal defensor de ese fraude? O es que ¿con tal de desestabilizar a los gobiernos mocistas en Morena no se tientan el corazón para recurrir a estrategias abiertamente ilegales, pero que además jugaron con el sentimiento de 120 familias que apostaron a un futuro mejor pero que fueron vilmente engañados?

En el caso del movimiento de protesta de los trabajadores municipales de Campeche, no sorprende que los diputados morenistas estén avalando a personajes sin moral ni reputación alguna, como el propio dirigente, Luis Chab Ruiz, de quien se ha documentado que es vendedor de plazas y quien además ya no labora en el Municipio por decisión personal. No sorprende, porque, decíamos, los morenistas se cuelgan de cualquier cosa para tratar de salirse con la suya.

Junto con Chab Ruiz están algunos empleados catalogados como aviadores o extorsionadores, como José “Pepe Caballito” May, Francisco Zapata Archivor, Omar Muñoz Rodríguez, Orlando May y Francisco Can Dzib, entre otros con muy mala fama bien ganada entre el personal municipal.

Lo dicho: los morenistas se valen de todo para tratar de derrotar a sus adversarios, aunque con ello violenten sus propios principios de “no robar, no mentir y no traicionar”, como le hicieron Urueta Moha y Brito Pech a más de 100 jefes de familia, o como hacen Luis Fernando Chab Ruiz y sus secuaces a sus seguidores.
Por otro lado, habrá que observar que ni a Toño Jiménez, ni a Layda Sansores, ni a Erick Reyes León ni a Chab Ruiz les funcionó la advertencia de que habría despidos masivos en la Comuna de Campeche por el tema de la privatización de los servicios públicos. Y si bien es cierto que ese proceso aún tiene un asterisco de mucha opacidad, lo que también es verdad es que no detonó la rebelión laboral que tanto se había pronosticado.

Por otro lado, mal hace la inepta y mentecata gobernadora Layda Sansores al enviar a su subsecretario de Asuntos jurídicos y de Derechos Humanos, al expanista y acérrimo antiobradorista Arturo Aguilar Ramírez, a tratar de presionar para que le concedan la razón a los manifestantes de Palacio Municipal, pues esa no es su función y por eso tampoco se inmiscuyó en el conflicto con los policías, en contra de quienes por cierto, sí despotricó cada vez que podía.

Es evidente pues, la desesperación de la señora Sansores por magnificar una protesta que nació muerta en el Ayuntamiento, y en seguir utilizando a sus lacayos para atizar el fuego, y tratar de que la hoguera llegue a los pies de Rabelo de la Torre. Hay instancias laborales que atienden ese tema, y en su momento darán su veredicto, y tendrá que acatarse, así no sea del agrado de la anciana mandataria que sigue buscando y generando pleitos en lugar de ponerse a trabajar por el bien de Campeche.