Luis Alejandro Amado Pérez, segundo visitador de la Codhecam, admitió que la Comisión de Derechos Humanos del Estado no puede intervenir en los centros de rehabilitación para adicciones, conocidos como ‘anexos’, ya que la mayoría son operados por particulares o asociaciones civiles. La queja más común es la privación ilegal de la libertad, denunciada anualmente por familiares de internos que aseguran que sus seres queridos no pueden salir sin su consentimiento. Ante esta situación, la Codhecam únicamente canaliza las denuncias a la Fiscalía General del Estado (Fgecam) para su investigación, dejando sin protección directa a las víctimas.
Amado Pérez detalló que la supervisión de estos centros corresponde a la Copriscam y a los ayuntamientos, que realizan inspecciones limitadas a aspectos de infraestructura e higiene, sin haber suspendido ningún anexo hasta ahora. En años recientes, la Codhecam ha recibido denuncias relacionadas con fallecimientos e intentos de homicidio dentro de estos espacios, evidenciando la falta de regulación efectiva y dejando a los internos en una situación de vulnerabilidad frente a posibles abusos.
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