A FUEGO LENTO | ¿HOPELCHÉN – BOTÍN DEL PRIMOR?

Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

Amigos del municipio donde nació el ilustre jurista universal, padre del Juicio de Amparo, Don Manuel Crescencio García Rejón, me comentan sobre la presunta tragedia que están viviendo desde el sexenio del neo dictador del PRI, senador plurinominal Alejandro Moreno Cárdenas, como parte de los acuerdos inconfesables con la insurrecta contra Palacio Nacional, Layda Sansores.

El supuesto pariente del célebre “Charras” Calderón, quien fuera víctima de un escándalo político-criminal entre el entonces gobernador tirano de Campeche, Carlos Sansores, y el gobernador de Yucatán, el periodista Carlos Loret de Mola, en un evento donde la mano criminal nunca quedó clara —aunque sí la infamia contra el Ejecutivo estatal yucateco— ahora parece estar secuestrado integralmente por la pandilla tricolor de “Alito”, el blindado diputado plurinominal Emilio Lara y el diputado federal del mismo corte, Christian Castro Bello, para seguir saqueando el presupuesto con singular villanía.

Esto no podría ser realidad sin formar parte del pacto Alito-Layda desde aquella elección donde se afinaron convenios de simulación, también aceitando el acuerdo AMLO-EPN para la llegada tersa del tabasqueño en 2018 y preparar la entrega de la banda presidencial en 2024 al consentido de Quique Peña, mientras “Laydita” cumplía su capricho de emular el cacicazgo con sello genético.

Un municipio que no aguantaría la mínima auditoría en el ejercicio de su presupuesto, menos aún el reciente ayuntamiento del exalcalde Emilio Lara, quien no solo depredó las arcas públicas, sino que ahora pretende tener al nuevo presidente municipal como “caporal” de Hopelchén, esperando instrucciones desde la CDMX o en sus viajes a Mérida del diputado federal Castro Bello para decidir la entrega de contratos, obra pública y la nómina de la denominada “jaula de zarigüeyas”, con anuencia del Congreso y la Ejecutiva campechana.

No se mueve una hoja de ningún árbol en Hopelchén si no es por orden de Castro Bello, con la conformación de Emilio Lara, mientras se mantiene la tradicional confianza en que el Congreso del Estado siempre aprobará sus cuentas públicas, como en su momento la fracción de Morena, por orden de Layda, aprobó las de Alito durante la aplicación del acuerdo AMLO-EPN para asaltar el CEN del PRI.

Ante la impotencia de revertir estas infamias y montajes de la clase política sin escrúpulos de Campeche, no se descarta enviar, vía correo electrónico, evidencias de lo señalado por quienes solicitan total anonimato y pedirle a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a las instituciones federales que tomen cartas en el tema, donde presuntamente se estarían financiando campañas de desprestigio contra la 4T y el Gobierno Federal. Alito y Laydita están muy enojados, pues se consideran traicionados después de su show y de no poder chantajear a la primera presidenta constitucional de México.

Los tartufos están desesperados ante las investigaciones, revisiones y auditorías en marcha. Temen que puedan llevarse a cabo no uno, sino varios desafueros por corrupción, y que tanto Adán Augusto López en el Senado como Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados no puedan seguir deteniendo los juicios de desafuero.

Ni siquiera la propuesta de entregar la sede nacional del PRI tiene atractivo político frente al desprestigio acumulado por el clan Alito-Moreira-Añorve y sus anexos plurinominales.