Riesgos de totalitarismo

¿Hubo confesión de amasiato entre la Consejería Jurídica de la gobernadora, y los magistrados y jueces del Poder Judicial? ¿La reunión que personajes de esas dos instancias sostuvieron fue para darles línea?

Mucho se habló, en su momento, de que la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, convertiría a nuestro país en una dictadura, nos llevaría a un régimen comunista donde aniquilaría la propiedad privada y serían canceladas las libertades, entre otros negros presagios. Ya concluyó el sexenio del tabasqueño y nada de eso sucedió, pero eso no significa que no haya querido implementar esas medidas, sólo que el tiempo no le alcanzó.

La inminente elección de jueces, ministros y magistrados nos acerca, sin duda alguna, a la extinción del Poder Judicial como ahora lo conocemos, y su muy probable entreguismo para con la titular del Poder Ejecutivo Federal, que es la más interesada en tener una Corte a modo.

Y si bien todo eso que anticipamos párrafos atrás está por verse, por lo que puede que sucedan así o que sea de otro modo, lo que sí está ocurriendo en realidad es que en las entidades federativas del país, el Poder Judicial se ha inclinado de manera servil para con el Ejecutivo, y si tenemos en cuenta que la mayoría de las Legislaturas estatales están en poder de Morena y que sus coordinadores parlamentarios son abyectos sirvientes del gobernante en turno, entonces podemos asegurar que, territorialmente, esa tentación totalitarista ya pisó tierra en la mayor parte del país.

Campeche es un ejemplo de eso. El Poder Legislativo está totalmente supeditado a los arbitrios y caprichos de la perversa gobernadora Layda Sansores, y su misión es proteger de todo ataque letal que le pudieran enviar sus opositores. El 90 por ciento del discurso morenista-petista-verde ecologista en la tribuna del Congreso es para defender a la farsante y corrupta mandataria, y el 10 por ciento restante para enderezar los misiles de la bancada oficial en contra de la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre.

Teníamos la esperanza de que algunos jueces y magistrados del Poder Judicial del Estado aún le tuvieran aprecio y valor a su libre albedrío y estricto apego a la legalidad en la emisión de sus resolutivos, pero nos han sembrado otra vez la desesperanza.

Y es que, apenas el pasado viernes, la Consejería Jurídica de la gobernadora difundió una información en que revelaron la reunión que sostuvieron con personal del Poder Judicial, “a efecto de tener una retroalimentación, coordinarnos y construir los andamiajes normativos que se requieren en el Estado, para una correcta impartición de la justicia que beneficie a los campechanos y que cumpla con los parámetros constitucionales aprobados por el Congreso de la Unión”.

Palabras más o palabras menos, lo que nos dijeron es que el abogado de la gobernadora fue a indicarle a jueces y magistrados cómo deben emitir sus resolutivos, cuáles son los expedientes prioritarios y en qué sentido deben resolverse. Porque eso de “retroalimentación” y “coordinación” no son más que palabras huecas, ya que ambos órganos de Gobierno son independientes y deben hacer eso de manera autónoma. A menos claro, que con ese boletín, hayan confesado también su amasiato.