En un nuevo episodio de su serie “Prohibido Callar”, Javier Lozano denunció que el Estado mexicano, mediante instituciones y tribunales electorales, está limitando derechos fundamentales como la libertad de expresión, prensa y acceso a la información, bajo el argumento de combatir la violencia política de género. Señaló que este mecanismo, que originalmente debía proteger a las mujeres, es utilizado como herramienta de censura para acallar a críticos y periodistas, imponiendo multas, disculpas públicas e inscribiendo a personas en listas de “violentadores” sin que exista un análisis objetivo de las expresiones.
Lozano expuso casos de periodistas y ciudadanos sancionados por señalar presuntos actos de corrupción o cuestionar a funcionarias públicas, entre ellos Héctor de Maulión, Carla María Estrella Murrieta, Jesús Gabriel Castañeda y Jorge González Valdés, este último afectado por acciones atribuidas a la gobernadora Layda Sansores, que incluyeron el cierre de su medio por dos años. Calificó como “pretexto infame” el uso de la violencia política de género para silenciar opositores, y recordó que el artículo séptimo constitucional prohíbe la censura previa y protege la difusión de ideas. Exigió eliminar disposiciones que permitan restringir de manera indirecta la libre expresión en México.
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