Al resaltar que las organizaciones advierten que la restricción sería un retroceso, pues cerraría la puerta a litigios actuales y futuros, y afectaría tanto temas ambientales como cualquier caso donde comunidades o asociaciones actúan en defensa del interés público, el analista político Juan Ortiz precisó que dicho proyecto es autoría de la ministra Yasmín Esquivel, concretamente en la contradicción de criterios 217/2021.
Juan Ortiz resalta que diversos colectivos ambientales y de derechos humanos encendieron las alarmas, pues el documento propuesto por la ministra propone restringir el interés legítimo, que es una figura que permite a organizaciones civiles promover amparos para defender el derecho a un medio ambiente sano, con lo cual rompería la jurisprudencia que desde hace años reconoce una legitimación amplia para proteger derechos difusos y colectivos.
Este proyecto, agrega, además chocaría con obligaciones internacionales como el Acuerdo de Escazú, que garantiza acceso a la justicia ambiental, ante lo cual representantes de organismos piden a la Corte una audiencia pública antes de votar, ya que rechazan un criterio regresivo que debilitará la participación ciudadana.
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