De poco pareció servir la primera corriente de opinión formada después de la publicación del libro colectivo Cállense, coordinado por Humberto Musacchio: un alegato en contra del rostro seudo legal que la censura va depurando en México.
La jueza penal de Campeche Guadalupe Martínez Taboada mantuvo firme la acusación contra el periodista Jorge Luis González, quien supuestamente, incitando al odio a través de trabajos editoriales, causó un daño psicológico a la gobernadora Layda Sansores. La esperanza de que un rasgo de sensatez brillara en la audiencia de hace unos días volvió a disiparse.
La audiencia continuará el 10 de febrero: más días de angustias y costos en la vida de Jorge Luis. “Vislumbro que van a encaminarme al juicio penal para imponerme dos años de cárcel y una retribución económica”, me dice.
“Es increíble. La pretensión de la Fiscalía de Campeche es que desaparezca la empresa que produce la plataforma (Tribuna). Yo me jubilé de ahí hace nueve años, no tengo nada que ver con la plataforma. Esto es una infamia de parte de la gobernadora Layda Sansores”.
Y es un tutorial para despedazar periodistas: ármales un caso con el ministerio público, busca al juez a modo, somételos a tensión y desgaste, quítales la voluntad de resistir y, si se puede, déjalos en la ruina económica.
“No hay el mínimo resquicio de que este proceso indebido, ilegal, injusto, pueda echarse abajo”, se lamenta Jorge Luis. Pero ahí estará el 10 de febrero. Y nosotros con él. Porque no se merece esa vileza.
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