Aunque el daño ya está hecho y la obra de casi 5 mil millones de pesos no le sirve a nadie, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la reforma a la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche que permitió al Gobierno de Layda Sansores construir el Tren Ligero sin los trámites ni permisos municipales.
La Corte declaró inconstitucional la reforma legal aprobada por la mayoría morenista de Campeche, la cual que permite a Layda autorizar cualquier obra que le parezca importante, sin permiso de los Municipios.
Por unanimidad, la Corte invalidó el artículo 14 Bis de la Ley de Obras Públicas de Campeche, reformado en julio de 2024 para crear las llamadas “obras públicas de interés estatal de gran impacto”, a las que se exentó de obtener licencia de construcción municipal.
Trágicamente, la ley invalidada por unanimidad fue diseñada y elaborada por quien hoy es presidente del Poder Judicial del Estado de Campeche, el entonces titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, Juan Pedro Alcudia Vázquez.
Hay que recordar que la controversia constitucional fue presentada cuando el Gobierno y Congreso morenistas se empeñaron y entercaron en la construcción del Tren Ligero, cuyas obras habían sido suspendidas por la Alcaldía de Campeche ante la falta de permisos, trámites, pagos de derechos, etc. Ante ello, el Gobierno reformó fast-track la Constitución estatal para impedir que el Ayuntamiento intervenga en esa obra.
Al final, el Gobierno cumplió su capricho, la obra se hizo sin el aval del Municipio, se gastaron casi 5 mil millones de pesos y hoy esa obra no le sirve a nadie.
Tomado de Así es Campeche.


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