Un video difundido en redes sociales retoma criterios establecidos desde 2013 por la Suprema Corte, que señalan que los funcionarios públicos deben tolerar un mayor nivel de escrutinio y críticas, al tratarse de personas que buscan y ejercen cargos de representación, y que la libertad de expresión debe proteger a la ciudadanía frente al poder y no convertirse en un mecanismo para silenciar el disenso.
En ese contexto, el mensaje reavivó el debate sobre la libertad de expresión en México al cuestionar el uso de instituciones públicas para sancionar críticas a funcionarios. Se mencionan casos como el del periodista Jorge Luis González Valdés, citado por tribunales en Campeche, el de Carla Mejía Estrada, obligada a ofrecer disculpas públicas durante 30 días, y el de la actriz Laisha Wilkins, requerida por el tribunal electoral tras un tuit crítico, así como el de Jesús Castañeda en Guerrero, lo que ha generado preocupación por un posible efecto inhibidor sobre la crítica pública.
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