Tribuna Campeche

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“HACER PERIODISMO ES JUGARSE LA VIDA”, ADVIRTIÓ MACDONALD; PROPONE LEY DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS EN CAMPECHE

Durante la sesión del Congreso del Estado, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Pedro Hernández MacDonald, aseguró que en Campeche existe un clima de temor entre quienes ejercen el periodismo y la libertad de expresión, situación que atribuyó a las agresiones, presiones y acciones legales que han enfrentado diversos comunicadores. 

Desde la tribuna, el legislador presentó un posicionamiento para impulsar una Ley Estatal de Protección Integral al Ejercicio Periodístico y la Libertad de Expresión, en medio de la polémica generada por recientes casos que han colocado a la entidad en el centro del debate nacional sobre la relación entre el poder y la prensa.

“¿Saben qué tienen en común hoy los comunicadores y ejercer la libertad de expresión en todo Campeche? Miedo”, expresó Hernández MacDonald, al recordar la agresión sufrida por un periodista presuntamente a manos de elementos de seguridad y el caso del medio digital Tribuna y su exdirector, quienes fueron objeto de medidas cautelares que les impedían ejercer actividades periodísticas durante dos años. Sostuvo que actualmente periodistas campechanos enfrentan campañas de desprestigio, hostigamiento en redes sociales, presiones institucionales y amenazas legales, generando la percepción de que cuestionar al poder puede traer consecuencias.

La propuesta contempla la creación de una Unidad Estatal de Protección a Periodistas adscrita a organismos de derechos humanos y no a corporaciones de seguridad pública, además de protocolos de reacción inmediata en casos de riesgo. También incluye la conformación de un fondo anual de cinco millones de pesos para medidas urgentes de protección, asesoría legal y apoyo a comunicadores en situación vulnerable. 

Entre los puntos más polémicos de la iniciativa se encuentra la prohibición de condicionar la publicidad oficial a la línea editorial de los medios de comunicación, así como la propuesta de castigar como delito grave las agresiones contra periodistas y a los funcionarios que utilicen recursos públicos para ejercer presión sobre medios y comunicadores. 

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