La desaparición de José Fernando Reyes Gómez y Suleyma Caballero Cabrera en la comunidad de La Chiquita, en Escárcega, evidencia la creciente crisis de inseguridad en el sur del Estado de Campeche, y aunque las autoridades presumen una tasa de localización del 83%, la realidad es que el referido municipio, junto con Candelaria y Calakmul, reflejan un escenario de violencia e impunidad.
Y mientras la narrativa oficial es triunfalista, 127 familias siguen buscando a sus seres queridos sin obtener respuestas de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
Las cifras desnudan la realidad: entre 2022 y 2026 se han registrado 858 desapariciones en Campeche, de las cuales 127 personas permanecen sin ser localizadas, es decir, las estadísticas contradicen los discursos “alegres” sobre paz y tranquilidad en la entidad, y ese vacío de poder significa que el territorio ha sido cedido al mejor postor.
Así, este deterioro de la seguridad ha tenido como resultado el dominio en la región de los cárteles de Sinaloa, el Golfo y el CJNG, que han fortalecido operaciones aprovechando la cercanía con Guatemala y el desorden causado por los megaproyectos.
La infraestructura ferroviaria prometida como motor de desarrollo se ha convertido en un corredor utilizado para el tráfico de personas y armas, así como para el control territorial a través del miedo.
El caso de José Fernando Reyes Gómez y Suleyma Caballero Cabrera en La Chiquita representa el símbolo del fracaso de las estrategias de seguridad, que incluye la militarización, y de la incapacidad del Estado para contener al crimen organizado.
La desaparición de esta pareja refleja un problema estructural de impunidad, donde las familias exigen respuestas mientras aumentan las fichas de búsqueda y persiste la incertidumbre sobre el destino de las víctimas en Campeche.
Vía: La Neta de Campeche.
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