EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 07 DE JULIO DE 2026

5 AÑOS DE EJECUCIONES E INSEGURIDAD.

Esta nefasta administración registra más de 250 asesinatos sicariales en los cinco años que suma. Además de que innumerables propiedades han sido baleadas y proliferaron delitos como la extorsión, el cobro de derechos de piso, los robos y los asaltos. ¿Qué compromisos habrá hecho Layda Sansores con grupos criminales que mantienen ensangrentada la entidad?

Campeche dejó de ser el Estado más seguro desde que inició el Gobierno de Todos los Corruptos Sansores y nombraron secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana a Marcela Muñoz Martínez, cuyos sus nulos resultados alimentan cada vez más la sospecha de que su función es proteger a los grupos criminales. No olvidemos que la DEA recientemente confirmó que operan con fuerte presencia el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación en esta entidad.

Layda Sansores se ha entercado en mantenerla en ese cargo y le ha entregado el control total de los órganos de seguridad: la policía estatal, el C5 —que es un centro de espionaje disfrazado de comando de control de seguridad— y la Fiscalía General, donde su hijo ejerce como vicefiscal y controla a conveniencia a los agentes ministeriales. De esta manera ya se clasifican a modo los delitos y se reporta lo que beneficie a Marcela Muñoz. Así, ¿quién nos protege?

LAYDA MARGINÓ DEL PACMA A RIBEREÑOS.

La Auditoría Superior de la Federación documentó que los recursos aportados a Campeche a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (Pacma) de Petróleos Mexicanos (Pemex) carecen de trazabilidad y se desviaron hacia el parque vehicular oficial y obras públicas. Hablamos de 31 millones 857 mil 366 litros de gasolina, 13 millones 240 mil litros de diésel regular y 30 mil 300 toneladas de asfalto, además de donativos adicionales en motores y refacciones por $23 millones anuales que fueron entregados por Pemex al Gobierno de Todos los Corruptos Sansores entre 2023 y 2025.

Mientras los pescadores de altura —como las del director general de la API, Agapito Ceballos, y la del secretario de Pesca, Edward Ceballos— sí recibieron su diésel marino, alrededor de 1 millón de litros anuales distribuidos entre los apenas 73 barcos camaroneros que sobreviven, el gobierno de Layda Sansores dejó en la indefensión a todos los ribereños, que representan una base social más amplia y vulnerable y fueron relegados a apoyos miserables de 7 mil 500 pesos a cada uno a través de Bienpesca, que apenas alcanzan para pagar un par de salidas al mar.

Y como “lo que han hecho con los pescadores no tiene madre”, como en campaña dijo la hoy mandataria, la Federación de Cooperativas Pesqueras Ribereñas de Campeche denunció ante la ASF a Layda Sansores y a su secretario de Finanzas, Jezrael Larracilla Pérez, y protestarán hoy en Palacio de Gobierno para exigir que se les destinen de manera directa los recursos del Pacma. Si toda su vida ha sido una traidora, era de esperarse esta traición a los ribereños, ¿o no?