5 AÑOS DE PERSECUCIÓN Y CENSURA.
Los medios de comunicación de Campeche han padecido interminables ataques a su libertad de expresión desde que inició esta nefasta y corrupta administración de Layda Sansores. En especial TRIBUNA y el periodista Jorge Luis González Valdéz han resentido sus embates fiscales, policiales y judiciales, con el claro objetivo de silenciarlos y encarcelarlos.
Desde hace 5 años, en su show del Martes del Jaguar, Layda Sansores comanda cada semana una campaña de odio contra TRIBUNA y Jorge González, con el único fin de calumniarlos, difamarlos y desprestigiarlos. Por haber contestado a las reiteradas afrentas de la cínica y autoritaria mandataria, su Consejería Jurídica y el Poder Judicial los saturan con denuncias por supuestos delitos de daño moral, odio y violencia política. Pero ¿cómo se le daña la moral a quien no la tiene?
Tan no tiene moral, que Layda Sansores utiliza recursos públicos —o sea el dinero de impuestos que pagan los campechanos— para financiar sus ataques legales contra los medios, en un claro terrorismo de estado. La abusiva gobernanta se larga en 428 días, y como carece de moral, heredará al próximo gobierno la responsabilidad de dar seguimiento a sus litigios y en caso de perderlos, de pagar los daños ocasionados. Por eso le urge heredar el cargo a su sobrino Seso Loco.
¿COMPLICIDAD SANSORISTA CON GRUPO CRIMINAL?
En ese Martes de Jaguar, Layda Sansores cuestionó el reportaje publicado en el diario Reforma sobre el tráfico de metanfetaminas desde Campeche a Iowa y Nebraska, en los Estados Unidos, y advirtió (¡uy que miedo!) que solicitaría al medio su derecho de réplica. Pero ¿no leyó la cínica mandataria que el reportaje está basado en un informe de la agencia antidrogas (DEA)?
La DEA narra en su informe una operación de inteligencia en 2023 de una compra venta de droga al menudeo realizada vía Facebook desde Escárcega, Campeche, y que como resultado de ese operativo hallaron 30 libras de metanfetaminas y 25 mil dólares en efectivo en un automóvil. La agencia antidrogas, con el apoyo de la Interpol México, detuvo este año al líder de esa banda criminal en ese municipio, donde operaba desde el 2020. Layda Sansores fue enterada desde mayo de la solicitud de extradición del detenido.
La banda criminal operó en Escárcega desde el 2020 y se presume que tenía un acuerdo con la gobernanta, pues la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz —presunto enlace de los criminales con este gobierno— los dejó operar a sus anchas todos estos años. ¿Será que por esa complicidad ha habido tantas desapariciones, secuestros y ejecuciones, como el doble homicidio de la pareja que hallaron en una fosa clandestina en ese municipio? Layda Sansores debería explicarlo en su réplica solicitada a Reforma.


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