-PARA CADA UNA LA SANCIÓN ECONÓMICA ES DE 138 MIL 911 PESOS
A través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó inhabilitó a las empresas Alta Especialidad de Medicina y Capacitación, S.C. con 1 año 3 meses, y a Protein, S. A. de C. V. por 3 meses, para participar de manera directa o a través de intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal, pues proporcionaron información falsa para obtener contrato e incumplirlo.
En el caso de Alta Especialidad de Medicina y Capacitación se le impuso multa de 138 mil 911 pesos e inhabilitación por 1 año con 3 meses, por proporcionar información falsa en la Adjudicación Directa número AA-050GYR005-E220-2021 para contratar el “Servicio de traslado de pacientes en ambulancia de alta tecnología bajo el régimen ordinario, con vigencia del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021”.
En ese sentido, detalló que en el contrato con el que resultó adjudicada la empresa manifestó bajo protesta de decir verdad que sus accionistas no desempeñaban empleo, cargo o comisión en el servicio público, pero uno de sus accionistas se desempeñaba como servidor público en el IMSS, por lo que la notificación de la sanción se realizó el 10 de julio de 2026.
De Protein, se le impuso multa de 138 mil 911 pesos e inhabilitación de 3 meses por omitir entregar la garantía de cumplimiento y 150 piezas de la clave 010 000 2030 00 00 (cloroquina tableta, cada tableta contiene: fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg de cloroquina, envase con 1000 tabletas).
Así, no cumplió el contrato abierto número U210105, derivado de la Adjudicación Directa número AA-012M7B998-E46-2021, cuyo objeto era la “Adquisición Consolidada de Medicamentos y Bienes Terapéuticos” y la notificación de la sanción se realizó el 9 de julio de 2026.
Las sanciones están publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y dichas empresas se encuentran inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.
Las personas morales tienen derecho a impugnar las resoluciones y, en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá las sanciones.
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